Se ha vuelto usal para los migrantes esperar a la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que haya espacio para procesar las peticiones, sin embargo este jueves una jueza lo declaró ilegal.
Aunque, el fallo de la jueza federal Cynthia Bashant no tiene un impacto inmediato, podría impedirle al gobierno limitar el ingreso de solicitantes de asilo amparándose en el argumento de que carece de recursos.
Además que podría darle alivio a algunas de las decenas de miles de personas migrantes que esperan sus nombres en listas no oficiales en ciudades fronterizas mexicanas. Reseñó AP.
Bashant, quien fue elegida por el expresidente Barack Obama, ordenó al Departamento de Justicia y los demandantes, encabezados por el grupo activista de Los Ángeles Al Otro Lado, que recomendaran sus próximos pasos antes del 1 de octubre.
U.S. District Judge Cynthia Bashant in San Diego has ruled that Customs and Border Protection's practice of turning away migrants at the U.S.-Mexico border once a daily cap on asylum applications is met is unconstitutional https://t.co/brcs7YWIc2 @DanWiessner
— Reuters Legal (@ReutersLegal) September 3, 2021
La práctica de limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en los cruces terrestres entre Estados Unidos y México, conocida como “metering”, empezó en 2016 durante la presidencia de Obama.
En aquella ocasión se recuerda que una gran cantidad de migrantes haitianos se presentó en el principal cruce a San Diego desde Tijuana y les tocó esperar.
Estados Unidos dejó de aceptar solicitudes de asilo en los cruces en marzo de 2020, con pocas excepciones, por una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42. En su momento, el gobierno de Trump invocó su autoridad para evitar la propagación del coronavirus, y el ejecutivo de Joe Biden la amplió. En su decisión, la juez pidió a ambas partes que expliquen el impacto del Título 42.
Es por esto que las listas de espera siguen creciendo. En mayo, las existentes en las ciudades fronterizas mexicanas tenían más de 18.600 nombres, más de la mitad de ellos en Tijuana, según un reporte del Centro Robert Strauss de Seguridad Internacional y Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Los registros batieron su récord con cerca de 27.000 nombres en agosto de 2019.
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