Las políticas ambientales radicales perjudican mucho más de lo que ayudan

Por Ronna McDaniel, Presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC)

A principios de esta semana, la Senadora Demócrata de Michigan, Debbie Stabenow, se jactó de que, en su camino a Washington, D.C. pasó por “todas las estaciones de servicio” en su nuevo vehículo eléctrico “y no le importaba qué tan alto estuviera el precio de la gasolina.”

Aparentemente, el mensaje de Stabenow para los estadounidenses, que luchan por pagar su transporte al trabajo y la escuela, es que la solución consiste en comprar un vehículo eléctrico costoso. Para los estadounidenses, y especialmente para los habitantes de Michigan como yo, el comentario de Stabenow es tan inútil como condescendiente.

Pero Stabenow no es la única Demócrata que adopta la actitud de “déjalos que coman pasteles.” Los activistas climáticos están perjudicando activamente a los estadounidenses con su agenda verde.

La administración Biden ha hecho de los vehículos eléctricos un pilar de su agenda energética antiestadounidense. El año pasado, Joe Biden fijó la meta de que la mitad de los vehículos vendidos en el país deben ser eléctricos para el 2030. Más recientemente, Biden se comprometió a usar el dinero de los contribuyentes para construir estaciones de carga de vehículos eléctricos por todos los Estados Unidos.

Y hace solo unas semanas, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, al igual que Stabenow, sugirió que las familias preocupadas por el aumento de los precios de la gasolina deberían comprar un EV, que tiene un precio promedio de más de $60,000.

Mientras tanto, en más de una docena de estados y el Distrito de Columbia, los conductores pagan más de $5 por un galón de gasolina. Los precios dolorosamente altos del combustible no son un accidente. Son el estímulo que impulsa la “transición” energética de Biden.

En su primer día en el cargo, para apaciguar a la extrema izquierda, Biden canceló el oleoducto Keystone XL, eliminando 11.000 puestos de trabajo. Su administración también ha planteado la idea de cerrar el oleoducto de la Línea 5 de Michigan, del que dependen millones de habitantes del Medio Oeste para calentar sus hogares.

Pero la investigación muestra que los oleoductos son un método de transporte de petróleo más seguro que las alternativas, todas las cuales tienen un riesgo mucho mayor de derrames y fugas, algo que incluso admitió la secretaria de Energía de Biden, Jennifer Granholm. Las desventajas de cerrar los oleoductos estadounidenses son obvias: mayores posibilidades de derrames de petróleo, dependencia energética de regímenes extranjeros como Irán y Venezuela, y aumento de los precios del petróleo.

Nada de esto le importa a la administración Biden. Horas después de prestar juramento, Biden se reincorporó al Acuerdo Climático de París, que, según advirtieron los economistas, acabaría con cientos de miles de puestos de trabajo y obligaría a los hogares estadounidenses a gastar hasta un 20% más en electricidad. No estaban bromeando.

Ha restablecido las onerosas regulaciones energéticas de la era de Obama y ha ahogado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos. Y a principios de este año, la Casa Blanca anunció planes destinados a imponer de nuevo estrictos estándares ambientales para aprobar nuevos proyectos de infraestructura, como estudiar de qué manera la construcción afectará el cambio climático.

Todos los estadounidenses, incluidos aquellos que quizás no puedan permitirse vivir cerca del lugar de empleo, tengan largos viajes diarios para ir a trabajar o sean padres de niños pequeños, se verán afectados por la agenda ambiental radical de Biden.

Teniendo en cuenta con quiénes se rodea, no sorprende que Biden esté tan fuera de contacto con los estadounidenses normales. Durante su campaña, Biden nombró a Alexandria Ocasio-Cortez, arquitecta del Nuevo Pacto Verde, como copresidenta de su grupo de trabajo sobre el clima.

La vicepresidenta Kamala Harris elogió el Nuevo Pacto Verde diciendo que “los principios subyacentes detrás de él son sólidos e importantes.” Buttigieg cree que “esta es nuestra oportunidad” de implementar políticas al estilo del Nuevo Pacto Verde en el Departamento de Transporte. Y el jefe de la EPA de Biden, Michael Regan, prometió poner la “justicia ambiental” en el centro de la toma de decisiones de la EPA.

A los Demócratas les gusta pensar que están salvando al planeta tierra. Pero en el proceso, están destruyendo empleos estadounidenses, poniendo a prueba los presupuestos familiares y socavando nuestra seguridad nacional.

Para los Demócratas, la gasolina a $5 es una oportunidad para satisfacer a los grupos de intereses ambientales y avanzar en su agenda política radical, todo mientras se sienten moralmente superiores. Los Republicanos, por otro lado, creen en la importancia de ser buenos administradores de nuestros recursos naturales y defender políticas que realmente preserven el medio ambiente, sin sofocar a los estadounidenses.