Rosie Cordero-Stutz rechaza deportaciones en primer discurso como Sheriff de Miami-Dade

El teatro del campus Norte de Miami-Dade College fue el escenario de un momento histórico este 7 de enero. Rosie Cordero-Stutz, de 54 años, se juramentó como la primera sheriff del condado de Miami-Dade en 60 años. La investidura transcurrió en una ceremonia solemne que marcó el inicio de una nueva era para la Oficina del Sheriff.

Líderes políticos, religiosos y miembros de la comunidad acudieron al evento. En el mismo, Cordero-Stutz asumió el liderazgo de una fuerza de 3.200 oficiales con un presupuesto autónomo de mil millones de dólares.

La ocasión no solo destacó por su simbolismo, sino también por el tono reformista de su discurso. Cordero-Stutz prometió una gestión enfocada en la seguridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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“Soy consciente de los desafíos que implica este cargo, pero estoy lista para liderar con integridad y compromiso”, expresó la nueva sheriff frente a los asistentes. Además, dejó en claro que el bienestar de los oficiales será una prioridad en su administración, asegurando recursos y formación adecuados.

Uno de los momentos más significativos fue el arriado de la bandera del Departamento de Policía de Miami-Dade y la izada de la nueva insignia de la Oficina del Sheriff. Esta acción simbolizó el inicio de una etapa de autonomía y reformas.

En medio de la ceremonia, uno de los momentos que captó gran atención, fue cuando Cordero-Stutz declaró sobre las deportaciones masivas en el estado. Un tema que abordó con firmeza durante su primer discurso oficial.

Compromiso con la seguridad, no con la inmigración

En su intervención, Rosie Cordero-Stutz dejó claro que su oficina no participará en deportaciones masivas. Sus palabras resonaron especialmente en un momento donde el país se prepara para el nuevo gobierno de Donald Trump. Es preciso recordar que el magnate prometió estas acciones para acabar con la inmigración ilegal.

“No permitiré que mis ayudantes hagan ese trabajo”, dijo, enfatizando que su prioridad será garantizar la seguridad pública sin interferir en asuntos migratorios.

Cordero-Stutz también habló directamente a las comunidades de inmigrantes. Les aseguró que su estatus no será un factor en el contacto con las autoridades locales. Además, instó a las víctimas de violencia doméstica y otros delitos a denunciar sin temor, recordando que su departamento busca proteger a todos los residentes del condado, sin importar su situación.

La sheriff fue categórica al afirmar que su oficina cumplirá con la ley federal en casos específicos. “Si alguien está bajo custodia por violar la ley y tiene una retención migratoria, cumpliremos con nuestro deber y entregaremos a esa persona al gobierno federal”, aclaró.

Sheriff de Miami Dade | Foto captura de pantalla video Local10

Lucha contra la corrupción

Otro de los pilares destacados en su discurso fue la transparencia. Cordero-Stutz prometió tolerancia cero hacia la corrupción y aseguró que se destinarán recursos para erradicar cualquier abuso de poder o mal uso de los fondos públicos.

Este compromiso incluye fortalecer las relaciones con los vecindarios y mantener un diálogo constante con las comunidades para mejorar la seguridad.

La sheriff también expresó su intención de visitar regularmente diferentes comunidades del condado para conocer de cerca sus necesidades y preocupaciones. Según ella, este contacto directo será esencial para construir una relación de confianza entre las autoridades y los ciudadanos.

Departamento de Policía de Miami Dade | Foto flickr

Bienestar de los oficiales

Por otra parte, la funcionaria destacó la importancia de priorizar el bienestar de los oficiales bajo su mando. Prometió invertir en su formación profesional, acceso a recursos adecuados y apoyo a su salud mental.

Advirtió también que no tolerará conductas deshonrosas o abusos policiales, comprometiéndose a honrar el trabajo diario de los oficiales para mantener segura a la comunidad.

Cordero-Stutz concluyó su intervención con un mensaje esperanzador, prometiendo una gestión que equilibre las necesidades de seguridad pública con los derechos de los residentes.