El ambiente en el sur de Florida se sigue haciendo tenso para miles de familias de inmigrantes. Las decisiones de gobiernos locales y universidades públicas abrieron un nuevo capítulo en la relación entre las policías locales y las autoridades migratorias federales.
En medio de un mandato estatal que exige cooperación con ICE, varias ciudades del condado de Miami-Dade comenzaron a alinearse con esa directriz. Coral Gables, Hialeah y West Miami ya firmaron acuerdos que permiten a sus agentes colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo el programa 287(g).
La medida, promovida por el gobernador Ron DeSantis, autoriza a funcionarios locales a asumir funciones en materia migratoria. Si bien estas acciones cumplen con la ley estatal, generan alarma entre organizaciones de derechos civiles y comunidades vulnerables.
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El caso de la Universidad Internacional de Florida (FIU) marcó un punto de inflexión. La institución decidió unirse al programa, a pesar de las críticas de estudiantes y activistas. Ahora, una nueva ciudad en el condado también entra en la lista.

Concejo de la ciudad interrogando al jefe de policía | Foto CBS
Doral aprueba acuerdo con ICE
El Concejo de Doral aprobó por unanimidad un acuerdo que autoriza al Departamento de Policía local a colaborar con las autoridades federales. La votación se llevó a cabo durante la sesión de este miércoles, que estuvo marcada por el debate entre funcionarios.
Con esta decisión, Doral se convirtió en la nueva jurisdicción del sur de Florida que adoptó este tipo de convenio.
La concejal Digna Cabral cuestionó al jefe de policía Edwin López sobre el alcance del acuerdo y su posible efecto sobre la comunidad. El intercambio se tornó tenso cuando la alcaldesa Christi Fraga intervino para defender al oficial.
Por su parte, López aseguró que el enfoque del departamento seguirá siendo la seguridad de los residentes y no las redadas migratorias. También dijo que no ha tenido comunicación directa con ICE ni tiene planes de interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante operativos regulares.
“Somos una comunidad de inmigrantes, pero no de inmigrantes indocumentados. Puede que haya una parte, pero esas personas necesitan comprender”, dijo la alcaldesa en medio de la sesión.
La ciudad se divide ante la polémica decisión
Es de conocimiento público que Doral está conformada por una amplia población inmigrante, en su mayoría de origen venezolano. En ese sentido, muchos residentes se encuentran protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) o atraviesan procesos migratorios.
A pesar de ello, las autoridades locales defendieron la necesidad de cumplir con la ley estatal. La alcaldesa Fraga insistió en que los agentes no actuarán como oficiales migratorios, aunque recibirán la capacitación correspondiente.

El concejo aprobó la medida por unanimidad | Foto captura de pantalla video Telemundo
El concejal Rafael Pineyro, de origen venezolano, pidió explorar opciones que protejan a quienes respetan la ley y mantienen sus trámites migratorios en regla. No obstante, según la moción aprobada, la colaboración entre el Departamento de Policía de Doral y el ICE entrará en vigor de inmediato.
En paralelo, líderes como el senador Marco Rubio han cuestionado la permanencia del TPS, lo que suma tensión al panorama. La suma de todos los factores da como resultado un incremento en el temor de las comunidades vulnerables.
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