¿Fin de la ciudadanía por nacimiento? Así avanza la batalla legal en la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó esta semana los argumentos finales en un caso que podría tener implicaciones significativas para la política migratoria del país. Específicamente sobre la interpretación del derecho de ciudadanía por nacimiento. 

Aunque el debate no gira directamente sobre la constitucionalidad de dicha práctica, sí aborda un tema de gran alcance. Si los tribunales federales pueden emitir órdenes judiciales que bloqueen políticas del Ejecutivo a nivel nacional.

Todo comenzó en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 1160. La medida propone limitar el derecho automático a la ciudadanía para los niños nacidos en suelo estadounidense de padres que no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes. Esto va en contra de la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución, que ha garantizado durante décadas la ciudadanía por nacimiento.

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La orden fue rápidamente impugnada en múltiples tribunales y quedó suspendida por varias órdenes judiciales federales. Algunas de ellas con alcance nacional. Esta respuesta legal encendió el debate sobre si los jueces tienen autoridad para bloquear una política en todo el país. O si sus decisiones deben limitarse únicamente a sus jurisdicciones.

Lo que está en juego en la Corte Suprema

La Corte Suprema no se pronunciará —al menos por ahora— sobre si la medida de Trump es constitucional. El foco del caso es el alcance del poder judicial para emitir injunctions o bloqueos a nivel nacional. Un fallo que limite ese poder podría abrir la puerta para que la política migratoria del presidente se aplique parcialmente en ciertos estados. Mientras otras jurisdicciones continúan litigando el tema.

Este escenario crearía, en la práctica, un sistema desigual de ciudadanía en Estados Unidos: un niño nacido en California podría ser ciudadano estadounidense automáticamente. Mientras que otro nacido en Texas podría no recibir esa garantía constitucional, dependiendo del fallo y su aplicación territorial.

Durante la sesión, los jueces conservadores expresaron preocupaciones sobre lo que consideran un uso excesivo de las órdenes judiciales nacionales. Argumentaron que podrían obstaculizar la acción ejecutiva y generar inestabilidad legal. Por su parte, los jueces liberales advirtieron sobre los peligros de permitir que políticas potencialmente inconstitucionales entren en vigor sin un freno inmediato. Al menos mientras se resuelven los recursos legales en instancias superiores.

Los hijos de inmigrantes sin estatus legal que nazcan en el país no recibirían la nacionalidad. Foto: Freepik

Una batalla que va más allá de la inmigración

El fallo final se espera antes del receso de verano, y podría sentar un precedente importante para futuros gobiernos, especialmente en temas tan sensibles como inmigración, derechos civiles y salud pública.

Si bien el caso tiene implicaciones directas para los hijos de inmigrantes indocumentados, su alcance podría extenderse a muchas otras áreas del derecho. La decisión de la Corte podría redefinir el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, en momentos en que las políticas federales enfrentan impugnaciones frecuentes en tribunales locales.

Más allá del destino de la orden de Trump, lo que está en juego es la capacidad de un solo juez para frenar una política que afecta a millones. Así como la posibilidad de que Estados Unidos adopte, por primera vez en su historia moderna, un sistema fragmentado de ciudadanía.