El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) presentó recientemente una propuesta normativa que podría transformar el manejo de armas de fuego en el país. La iniciativa busca permitir que los ciudadanos comunes envíen armas cortas, como pistolas y revólveres, a través del sistema de correo público. De lograrlo, sería la primera vez que ocurre esto desde el año 1927.
Actualmente, USPS ya permite que cualquier persona envíe armas largas como rifles y escopetas, siempre que estén descargadas y bien empaquetadas. Sin embargo, mantiene una prohibición estricta sobre las armas cortas, las cuales solo pueden ser enviadas por fabricantes o distribuidores autorizados.
La nueva propuesta establecería que cualquier ciudadano pueda enviar armas pequeñas bajo requisitos de empaque seguro. Los usuarios podrían realizar envíos a otras personas dentro de su propio estado, pero las reglas serían más estrictas para traslados interestatales.
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En esos casos, el remitente solo podría enviarse el arma a sí mismo bajo el cuidado de un tercero, con la obligación de abrir el paquete personalmente al llegar al destino. Esta medida busca facilitar el traslado de armamento para fines recreativos, como la caza o el tiro deportivo, permitiendo que el correo sea una alternativa viable frente a la compleja red de leyes locales que dificultan el transporte físico por otros medios.
El correo ya envía armas largas, pero sobre las cortas sigue una prohibición | Foto Florida’s Voice
El impacto de esta medida alcanzaría a las armas de fuego ocultables que han estado restringidas por casi un siglo para el público general.
La normativa del USPS busca modernizar las reglas de envío reconociendo que la tecnología y el uso de las pistolas han evolucionado significativamente desde principios del siglo XX. El objetivo es ofrecer un método de transporte directo para los propietarios legales. Es decir, permitirles mover su equipo sin depender exclusivamente de distribuidores con licencia federal como intermediarios.
Legalidad vs. Constitución
El problema central es cómo se entiende una ley de 1927 que prohibió enviar armas cortas por correo para evitar el crimen organizado de la época. El Departamento de Justicia sostiene ahora que dicha prohibición es inconstitucional porque contradice directamente el derecho a poseer y portar armas protegido por la Segunda Enmienda.
Según el gobierno, si el Estado ofrece un servicio de correo, no puede negarse a llevar productos legales de ciudadanos que cumplen la ley. Alega que los derechos de las personas deben estar por encima de una regla antigua.
La propuesta genera preocupación sobre la seguridad ciudadana | Foto USPS
Por otro lado, fiscales de 24 estados dicen que el gobierno está abusando de su poder al ignorar una ley federal que todavía existe. Los opositores advierten que este cambio arruinaría los esfuerzos para frenar la violencia y saltaría los controles de antecedentes que hoy hacen las tiendas autorizadas.
Para ellos, enviar armas directamente entre personas crea un riesgo, ya que nadie asegura que el comprador tenga permiso para tener una pistola. Al final, la pelea es saber si el gobierno puede anular por su cuenta una ley que hizo el Congreso.
Quién decide si se aprueba o no
La autoridad para cambiar esta norma recae formalmente en la directiva del USPS, aunque la institución actúa bajo la dirección legal del Departamento de Justicia (DOJ).
De aprobarse, se regiría por reglas muy estrictas | Foto creada con herramientas de IA
El camino comenzó en enero cuando el DOJ calificó la prohibición de inconstitucional, lo que llevó al USPS a publicar la propuesta oficial el pasado 2 de abril. Durante este proceso, se abrió un periodo de consulta para recibir posturas favorables y contrarias. Participaron voceros de la Asociación Nacional del Rifle, así como de organizaciones de seguridad que rechazan la medida por considerarla un riesgo para el orden público.
El periodo de comentarios públicos cerró el 4 de mayo y actualmente el USPS se encuentra en la fase de análisis de todas las opiniones recibidas para redactar la regla final. Sin embargo, la decisión definitiva no dependerá solo del correo; el proceso enfrenta la amenaza inminente de litigios en las cortes federales por parte de los estados opositores.
Es altamente probable que un juez federal deba intervenir para determinar qué hacer. Si el Servicio Postal tiene la facultad de implementar este cambio o por el contrario, debe prevalecer la ley del Congreso de 1927 hasta que los legisladores decidan modificarla.
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