A través del carnet de la patria el Estado venezolano avanza en el control de la sociedad

En diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro enseñaba por primera vez el carnet de la patria. Las críticas contra el “nuevo documento” estuvieron a la orden del día. Fue comparado con la tarjeta de racionamiento cubana. Aún así, el gobierno avanzó y hoy, un año y ocho meses después, lo ha convertido en un poderoso instrumento de control social.

Más que las advertencias sobre la obligatoriedad de este carnet para acceder a productos básicos o a la pensión, son los bonos que se le atribuyen y el más reciente anuncio sobre el censo de transportes lo que encienden las alarmas.

“No me lo voy a sacar”, era la frase inicial con la que recibieron los venezolanos el lanzamiento oficial del carnet de la patria en enero de 2017. Sin embargo, hasta diciembre de ese mismo año, se contabilizaron 16 millones 217.408 inscritos.

Y aunque algunos optaron por no reconocer la cifra, las largas filas en cada jornada de carnetización marcaban la duda sobre la poca necesidad de maquillaje en esta oportunidad.

En las colas en el centro de Caracas, donde mayormente se instalaron estos puntos, la diversidad de opiniones prevalecía. Sí, habían afectos al chavismo, pero también otros tantos hablaban de la necesidad de cobrar los bonos ofrecidos o el miedo de perder la caja CLAP. El silencio también estaba presente en algunos de los solicitantes que preferían no opinar.

Claro que dentro de los registrados, también se encuentran los funcionarios públicos que se han visto forzados a cumplir con el “requisito”, convirtiéndose en una evidencia más del abuso de poder que ejercen las autoridades de las principales instituciones públicas sobre sus trabajadores.

En un informe de Transparencia Venezuela, en el que se desglosan los diversos métodos e instrumentos utilizados por el chavismo para el control de la población, se hace énfasis en el carnet de la patria por ser el más organizado política y tecnológicamente.

Con el sistema de códigos QR -Quick Response Code, que permite registrar el estatus socioeconómico de los beneficiarios y agilizar el sistema de las misiones bolivarianas, se logra manejar la movilización de electores en tiempo real a los puntos donde se requieran.

De acuerdo a una publicación hecha por El Nacional en 2013, este método ya venía aplicándose desde aquel entonces, sin embargo el avance en materia tecnológica ha permitido mayor reacción para mejores resultados.

“Cruzan la data de las misiones sociales con el Registro Electoral para garantizar la presencia de los beneficiarios en las urnas; envían militantes como testigos y miembros de mesa a colegios electorales clave; forman agitadores políticos en comunidades populares, y desarrollan contactos y coordinaciones con otras instituciones clave del Estado, entre las que está el CNE”, era parte de lo reseñado por el diario de circulación nacional.

Las denuncias con respecto a las exigencias que hacen funcionarios para la obtención de beneficios públicos han dejado de ser puntuales para volverse masivas, con total aprobación del régimen, como ha sido el caso del censo de vehículos para gestionar el subsidio de gasolina.

Y mientras sigue el dilema sobre quien lo posee, o cual familia recibe o no las bonificaciones, el gobierno avanza en perpetrar la obligatoriedad de su más útil mecanismo para controlar y dividir a la población.

 

 

Fuente: Venezuela al Día