El gobierno de Donald Trump solicitó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el objetivo de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a aproximadamente 350,000 ciudadanos venezolanos de la deportación.
Esta gestión legal busca invalidar la resolución del juez federal de California, Edward Chen, quien previamente había suspendido la cancelación del TPS al considerar las potenciales consecuencias de daños irreparables y perjuicios económicos.
En el documento presentado ante el máximo tribunal, la administración argumenta que la continuidad del TPS para Venezuela contraviene los intereses nacionales estadounidenses. También cuestiona la autoridad del juez para intervenir en asuntos urgentes de política migratoria.
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El TPS se estableció en 1990 por el Congreso. Concede el derecho a residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense a individuos provenientes de naciones que enfrentan crisis.
?URGENTE La Casa Blanca busca eliminar el TPS de los venezolanos.
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— John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) May 1, 2025
Argumentos en pro y en contra del TPS
El Departamento de Justicia sostiene que mantener esta protección representa una intrusión en las prerrogativas del poder ejecutivo en materia de política migratoria. Además, sugiere que los beneficiarios podrían explorar otras vías legales para su permanencia.
La Corte Suprema fijó como fecha límite el 8 de mayo para que los demandantes, entre los que se incluyen venezolanos amparados por el TPS y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes, presenten su respuesta formal a la apelación.
Posteriormente, el Tribunal Supremo deberá emitir una decisión sobre la continuidad o revocación de las protecciones vigentes a venezolanos.

350.000 venezolanos quedarían en riesgo de una posible deportación si la Corte admite el recurso. Foto: Sumarium
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El beneficio otorga un estatus legal temporal a personas originarias de países afectados por graves crisis humanitarias o desastres naturales.
Poco después de su investidura en enero, la administración Trump tomó la decisión de poner fin al TPS para los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, a finales de marzo, el juez federal en California dictaminó el bloqueo de esta medida. Argumentó el daño irreparable que causaría a los miles de inmigrantes acogidos al programa y a sus familias.
El cambio en la postura del gobierno de Trump, que vincula a ciudadanos venezolanos en Estados Unidos con la organización criminal Tren de Aragua, genera críticas por parte de activistas venezolanos en el país.
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