En una reciente intervención en el programa Face the Nation, la alcaldesa de Miami Eileen Higgins anunció que su administración mantendrá la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pero en el mínimo legal permitido.
Aunque existe un acuerdo de colaboración previo a su gestión que solo puede ser revertido por la comisión municipal, Higgins ha optado por una vía para limitar su alcance. De un cuerpo policial de 1.500 efectivos, la alcaldesa ha designado únicamente a tres oficiales para gestionar los requerimientos de la agencia federal.
“Vamos a cumplir con la ley. Pero no vamos a ayudar más allá de eso”, sentenció la mandataria durante un panel bipartidista de alcaldes. Subrayó que el sur de Florida es una de las zonas más vulnerables ante la presión migratoria.
Higgins no escatimó en críticas hacia los procedimientos federales. Los calificó de “inhumanos” y “crueles”. Según la alcaldesa, las tácticas de detención han instaurado un clima de “terror” en los vecindarios. Esto deja a numerosas familias en la incertidumbre sobre el paradero de sus allegados, según la alcaldesa.
La medida busca mitigar el impacto de las políticas federales en una ciudad donde el 15% de la población depende de protecciones migratorias.
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