Amnistía Internacional presentó hoy en Madrid su informe “Sembrando el Terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua”. En el estudio denuncian que las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua contaron el pleno conocimiento de las “más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta” –Daniel Ortega y Rosario Murillo-, y que también, en muchas ocasiones, estas ocurrieron “bajo su orden y control”.
Por Redacción Miami Diario/IA
El período de observación de los hechos ocurridos en Managua fue desde el 30 de mayo y el 18 de septiembre y en el escrito se documentan 25 casos de violaciones de derechos humanos: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas
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Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales estiman entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril debido a unas reformas de la seguridad social y que luego quedaron sin efecto.
El Gobierno de Managua, por su parte, reduce la cifra de víctimas mortales a 199, denuncia un intento de golpe de Estado y niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos.
“El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas”, argumenta el organismo en el segundo estudio que elabora sobre la crisis nicaragüense.
Por su parte. la directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, determinó en rueda de prensa que en el país centroamericano se evidencia el “incremento de la represión violenta por el Estado”, con uso de la fuerza “excesivo y muchas veces letal” por “grupos armados pro gubernamentales” coordinados con la Policía, por tanto exigió que los responsables sean llevados ante la Justicia.
El estudio también denuncia el empleo de “armas de tipo militar” para “reprimir” las protestas y sostiene que el Estado usó la “tortura”.
Para elaborar este informe, Amnistía Internacional adelantó dos misiones de documentación en Nicaragua y Costa Rica, así como 115 entrevistas de víctimas, familiares, testigos, personal médico y activistas de derechos humanos. Especialistas de la AI analizaron más de 80 documentos audiovisuales y fotográficos.
“Estas violaciones (de derechos humanos) se llevaron a cabo -apunta el informe- no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control”.
Apuntan que no solo hubo un uso “excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal”, sino también “posibles ejecuciones extrajudiciales”, seis según el informe.
A pesar de la crueldad de Ia insostenible situación, Amnistía anota que pudo comprobar en los afectados “reticencia” a denunciar, pues las garantías procesales judiciales básicas no se cumplen en Nicaragua, sostuvo Pilar Sanmartín, investigadora de crisis de la Organización denunciante.
Sanmartín reconoció que algunos manifestantes emplearon “cierto grado de violencia” con armas de fuego.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo en el mismo acto que no se ve salida en un país “moralmente destruido”, con “hostigamiento” a los activistas de derechos humanos y periodistas y donde se ha “traicionado” la revolución y “destruido” a la oposición.
Amnistía Internacional urge a Ortega a desmantelar los “grupos parapoliciales”, cesar la “persecución y detenciones arbitrarias” y garantizar las libertades
La organización pidió a España que no vuelva a enviar armas a Nicaragua y trabaje para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoque una sesión especial sobre la situación en ese país.
Con información de Amnistía Internacional
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