Retener, proteger o simplemente abstenerse ante la presencia de inmigración ilegal es una decisión a tomar por cada estado y la Florida se apresta a decidir si implementa o no el programa federal e-Verify en medio de un fuerte debate que tiene a republicanos, demócratas y agricultores por protagonistas.
Por redacción MiamiDiario
Se trata de una base de datos, administrada por el Departamento de Seguridad, Inmigración y el Social Security que confirma si una persona está autorizada a trabajar en Estados Unidos, reportó Diariolasamericas.
En otras palabras, “si alguien acude a pedir empleo, incluso si dice que nació aquí o es rubio con ojos azules, el empleador tendría que preguntar a e-Verify por el estatus legal del solicitante”, comentó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
Y dentro de esa disyuntiva surgen dos grandes tendencias, incluso dentro de los republicanos, que son quienes proponen la ley: perjudicaría a los agricultores que emplean “mano de obra barata” y provocaría la anuncia demanda por supuesta violación de la Constitución del país.
El año pasado el Congreso estatal prohibió las llamadas ciudades “santuario”, aun cuando no existían entonces, que son aquellas que sus correspondientes ayuntamientos, de forma explícita, rechazan colaborar con las autoridades federales de migración en el proceso de deportación de indocumentados.
Presiones
Hace apenas una semana el gobernador Ron DeSantis notificó que uno de sus propósitos este año es implementar la red federal de consulta e instó a representantes y senadores a adoptarla.
No obstante, el presidente de la Cámara Baja, el republicano José Oliva, y el presidente del Senado, el republicano Bill Galvano, manifestaron estar preocupados “porque la aplicación obligatoria añadirían demasiada carga a las empresas privadas” y dieron a entender que se inclinaban más por algún tipo de pacto.
“Tiene que haber algo”, señaló Oliva. “Tendremos mucho que trabajar ahí porque tenemos que asegurarnos de que no infrinjamos a empleadores privados”, recalcó.
En otras palabras, asegurarse que no hagan daño a los agricultores, quienes, en muchos casos, se nutren de mano de obra “barata” y en otros contribuyen a las campañas políticas de sus respectivos legisladores.
Esta divergencia, entre gobernador y líderes del Congreso estatal, aún cuando son miembros del mismo partido, podría intensificarse en los próximos días, cuando ambas partes intensifiquen sus respectivas posiciones.
Entretanto, los demócratas optan por esperar antes de sacar el banderín de derechos civiles. Con 23 asientos republicanos y 17 demócratas en el Senado estatal, el resultado podría ir en una dirección u otra, si tenemos en cuenta la divergencia entre republicanos.
Entre las posibilidades de negociación está la exclusión de negocios privados, lo que limitaría la aplicación de la verificación a entidades públicas, como municipios y condados, ya que el Gobierno estatal la utiliza.
“No sería justo porque todos deben ser tratados igual”, declaró el senador republicano Tom Lee, quien fue presidente del Senado y es legislador por una zona cercana a Tampa.
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