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Colombia: Primer país en el continente en proteger sus áreas marítimas

El presidente Iván Duque dio a conocer este 27 de junio que antes de terminar su mandato decretó el 30% de las áreas marítimas de Colombia como zona protegida, con el fin de preservar y crear estrategias que impulsen el cuidado medioambiental. Un total de 28 hectáreas acuáticas son las que quedarán protegidas, lo cual […]

Por Allan Brito
Colombia: Primer país en el continente en proteger sus áreas marítimas
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El presidente Iván Duque dio a conocer este 27 de junio que antes de terminar su mandato decretó el 30% de las áreas marítimas de Colombia como zona protegida, con el fin de preservar y crear estrategias que impulsen el cuidado medioambiental.

Un total de 28 hectáreas acuáticas son las que quedarán protegidas, lo cual incluye poblaciones ribereñas y sus animales.

A su vez, Iván Duque informó que Colombia se unió a la creación del área protegida marina más grande del continente y del planeta, llamada, “Hermandad”, junto a otras naciones como: Costa Rica, Panamá, Ecuador, entre otros.

El mandatario afirmó en una Conferencia sobre los océanos de las Naciones Unidas (ONU), en Lisboa, Portugal, “No vamos a esperar al año 2030. Esto es, ante todo, un hecho histórico, porque Colombia se sitúa como uno de los primeros países del mundo, si no el primero, en alcanzar ese 30 % de áreas marinas protegidas”, dijo.

Recordemos que Colombia se había comprometido a tener el 30 % de sus áreas marinas como zonas protegidas a más tardar en 2030, pero Duque sostuvo que esta es una tarea que no da espera. Así las cosas, con esta acción anticipada, Colombia se convertirá en el primer país del hemisferio occidental en haber protegido la mayor cantidad de sus espacios marinos.

Asimismo, el gobierno colombiano expresó que tienen planeado convertir a los pescadores artesanales en protectores de zonas marítimas, para así trabajar con ellos y educarlos acerca de los efectos que tiene ese oficio. El objetivo es que aprendan a diferenciar cuando la pesca tiene impactos negativos en los ecosistemas y lograr que cesen las actividades en estos casos.

Esta decisión también es para lograr mecanismos que consigan el pago por servicios ambientales.

El mandatario colombiano también mencionó que se desarrollan políticas como la restauración de un millón de corales en su territorio, asimismo existen programas de carbono azul para la protección de manglares y la consecución de recursos de la filantropía global para desarrollar proyectos de conservación.

“La semana pasada logramos cerrar de manera financiera un programa que se conoce como Herencia Colombia, que trae más de 116 millones de la filantropía mundial, un aporte concomitante del Gobierno colombiano, para que la declaratoria de áreas protegidas traiga consigo recursos para materializar la conservación futura”, recordó Duque.

Resaltó el compromiso que debe tener el país en enfrentar la pesca de arrastre, la cual está causando daños irreversibles en los mares, la cual está ocasionando deforestación acuática, ya que destruye arrecifes coralinos y así se pone en riesgo el hábitat del 45 por ciento de la vida submarina.

“Hoy tenemos que asumir que la declaración de áreas protegidas marinas es también para enfrentar semejante destrucción, pero también para mostrarles a las comunidades de pescadores de las naciones que puede haber fuentes adicionales de ingreso si tomamos ese camino, si aumentamos las áreas protegidas”, concluyó Duque.

Actualmente, el Gobierno destacó que se logró que el Congreso aprobara, unánimemente, la Ley de Acción Climática, que incluye aumentar las áreas protegidas. Adicionalmente, Colombia impulsa la Declaración de Líderes Globales por la Conservación, que establece que para el año 2030 se tendría el 30 % del territorio declarado como área protegida.

De esta forma, el mandatario Duque también fue criticado por no impulsar el Acuerdo de Escazú, uno de los proyectos latinoamericanos más importantes para proteger la fauna, la flora y a los activistas medioambientales. El Acuerdo de Escazú es fundamental para establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales como la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto, ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado.

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