Corte Suprema permite a Trump poner fin al programa de Parole Humanitario

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes, 30 de mayo, que la administración del presidente Donald Trump tiene la facultad de revocar el programa de parole humanitario que beneficiaba a más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Esta decisión impacta directamente a aquellos individuos cuya permanencia en el país dependía exclusivamente de este estatus migratorio. Lo que significa que no afecta a aquellos extranjeros que tramitaron el cambio de su proceso.

La determinación del máximo tribunal se produjo al conceder una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida pone fin a una iniciativa implementada por la administración del expresidente Joe Biden, que otorgaba permiso de residencia y trabajo temporal en Estados Unidos a 532.000 personas procedentes de los cuatro países mencionados.

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La breve orden de la Corte Suprema evidenció la disconformidad de dos de sus miembros de tendencia liberal, los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, quienes expresaron su desacuerdo con la decisión.

? ÚLTIMA HORA | La Corte Suprema de Estados Unidos avaló el fin del programa de parole humanitario creado por el expresidente Joe Biden, el cual había permitido la entrada de más de 500.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

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— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 30, 2025

Disputa legal por el parole humanitario

El gobierno de Trump escaló el caso ante la Corte Suprema tras impugnar un fallo previo de la jueza de distrito de Massachusetts, Indira Talwani, quien había dictaminado que la administración republicana no podía anular el estatus de todos los inmigrantes sin evaluar cada caso de manera individual.

El programa de parole humanitario fue establecido en 2022 por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con el objetivo de mitigar la presión migratoria en la frontera con México. Dicha medida permitía la entrada al país a migrantes que superaban controles de seguridad y contaban con un patrocinador económico en Estados Unidos.

El procurador general, D. John Sauer, argumentó en documentos judiciales que la jueza Talwani carecía de la autoridad para pronunciarse sobre la cuestión, y que la secretaria Noem estaba facultada para tomar su decisión en virtud de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad.

La acción de la secretaria Noem de revocar la política de Biden fue impugnada ante los tribunales por los propios afectados. Así como también por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, como Haitian Bridge Alliance. 

Los abogados de estos últimos hicieron una alerta en documentos judiciales sobre los riesgos de mantenerse la decisión de la administración Trump. Esto significaría que todos los beneficiarios del parole se convertirían “en indocumentados, sin capacidad legal de empleo y sujetos a deportación masiva”.

El caso ahora volverá a una corte de apelaciones en Boston. Mientras tanto, se genera incertidumbre entre quienes aún no han podido avanzar en otros trámites legales y temen quedar desprotegidos.