Correos electrónicos internos recién revelados muestran que la abogada municipal de Miami, Victoria Méndez, invirtió tiempo y dinero en investigar las leyes que rigen el proceso de revocatorio aproximadamente al mismo tiempo que comenzó un esfuerzo para sacar el cargo al comisionado miamense Joe Carollo.
Por redacción MiamiDiario
Los emails sugieren que empleados públicos pagados por los contribuyentes trataron de interpretar las leyes de estatales de manera que favorecieran a Carollo, según la campaña del revocatorio, que ha demandado a la ciudad, reportó Diariolasamericas.
Abogados que representan al comité político detrás del esfuerzo, Take Back Our City, sugirieron que Méndez y su personal tomaron posturas jurídicas que favorecieron a Carollo e ignoraron los precedentes jurídicos, lo que llevó a la ciudad a rechazar más de 1,900 peticiones presentadas el 2 de marzo. La negativa de la ciudad a entregar las firmas al Departamento de Elecciones de Miami-Dade, que debe verificarlas, provocó la demanda.
Los abogados que representan al comité del revocatorio, J.C. Planas y Winker, alegan que las investigaciones de Méndez y su personal son un gasto indebido de recursos públicos para defender a Carollo contra al revocatorio e ignorar la voluntad de los que firmaron las peticiones.
“Los esfuerzos de la abogada municipal son no solo un intento de silenciar a los electores que firmaron la petición de revocatorio, sino también una traición a las mismas personas que juraron representar, los vecinos de la Ciudad de Miami”, escribieron Planas y Winker en un documento presentado el lunes por la noche en preparación para una audiencia judicial el martes.
“Quedé asombrado con lo que leí”, dijo Planas. “Eso mostró un patrón de abuso de su cargo. La oficina de la abogada municipal se ha convertido en el bufete de abogados de Joe Carollo”. Al pedirle que respondiera el lunes por la noche, Méndez se limitó a decir: “Esperamos abordar este caso en los tribunales”
Planas and Winker representan al grupo, que ha recibido apoyo financiero de Joe Arriola, empresario y ex administrador de Miami. Los abogados acusan a Méndez y su personal de coordinar un esfuerzo para proteger a Carollo del revocatorio, que alegan es una interferencia ilegal.
“La respuesta de la ciudad a esta acción jurídica, así como toda la manera en que ha manejado el asunto, es ilegal y probablemente un delito, y debe estar sujeta a una investigación policial”, expresa el documento presentado.
Planas y Winker demandaron a la ciudad el 2 de marzo, después que la ciudad se negó a aceptar más de 1,900 firmas recogidas en febrero durante la primera ronda de peticiones. El comité necesitaba que 1,577 de esas firmas fueran certificadas por el Departamento de Elecciones de Miami-Dade como electores debidamente inscritos en el distrito de Carollo para continuar con una segunda ronda de peticiones que incluiría una declaración de defensa de Carollo.
El grupo presentó las peticiones electrónicamente el sábado 29 de febrero por la noche y las peticiones físicas el lunes 2 de marzo. La abogada municipal alegó que la fecha tope era el 29 de febrero y que la ciudad no tenía autoridad para aceptar peticiones digitales ni prorrogar la fecha tope.
Los correos electrónicos en cuestión, que se adjuntaron al documento presentado el lunes y que fueron reportados inicialmente por la bloguera Elaine de Valle, muestran que en los primeros días de la campaña de recogida de firmas para revocar a Carollo, Méndez y grupo de abogados del gobierno de Miami desarrollaron un documento para abordar varias interrogantes jurídicas relacionadas con la campaña del revocatorio, incluida la fecha tope para presentar las peticiones.
Los registros muestran un desacuerdo interno entre dos abogados municipales, Kerri McNulty y George Wysong, sobre la fecha tope para presentar las peticiones. La noche del 29 de enero, la noche antes que el comité del revocatorio se inscribió ante las autoridades municipales, McNulty ofreció un análisis que indicó que si la fecha tope cayera un fin de semana o un feriado oficial, debía prorrogarse hasta el final del próximo día hábil. Este análisis concuerda en lo fundamental con la postura del comité del revocatorio.
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