Deportada nicaragüense 20 años depués de su arresto

Fanny Lorenzo, una nicaragüense, vivía legalmente en Estados Unidos cuando agentes la arrestaron como parte de una operación de cultivo de marihuana de su esposo en el sur de Miami-Dade. Eso fue en 1997. Lorenzo se declaró culpable, cooperó con los fiscales y cumplió la probatoria de 5 años a la que la condenaron.

Por Redacción Miami Diario

Lorenzo mantuvo y renovó su residencia, se divorció, compró una casa móvil y crió a un hijo que es soldado del Ejército de Estados Unidos. Nunca más la arrestaron. Incluso viajó varias veces a su natal Nicaragua para visitar a familiares.

Pero el otoño pasado, cuando Lorenzo regresaba a Estados Unidos de visitar Nicaragua, agentes de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Miami la pararon, citando el caso de marihuana de tantos años atrás. Al final la dejaron entrar, pero a las pocas semanas las autoridades le revocaron la green card, la arrestaron y la enviaron a un centro de detención, donde estuvo más de cuatro meses.

Finalmente, el mes pasado, Lorenzo fue deportada a Nicaragua, un país abrumado por la violencia. “Nunca pensé que me fueran a deportar. Yo no soy una delincuente”, dijo Lorenzo, de 50 años, en una conversación telefónica desde Managua. “Pensé que esto había sucedido hace 20 años, y si ven mis antecedentes, son impecables”.

Lorenzo nunca pensó que su condena por un delito no violento llevaría a su deportación 20 años después.

La historia de Lorenzo

Lorenzo vino a Estados Unidos desde Nicaragua a finales de los años 1980, huyendo de la guerra civil en ese país centroamericano. Cruzó ilegalmente en Brownsville, Texas, y poco después llegó a Miami, donde ya vivían muchos nicaragüenses. Se hizo residente permanente en 1995 después de casarse con Endy Lorenzo, un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño.

Dos años más tarde, agentes federales arrestaron a los Lorenzo y a otras ocho personas por dirigir una operación de cultivo clandestino de marihuana dentro de viviendas en el sur de Miami-Dade. Lorenzo dijo que la operación fue planeada por su esposo y que ella quedó involucrada.

Por lo que cooperó de inmediato con los fiscales federales. Debido a su participación mínima en la operación de marihuana, no fue enviada a prisión y aceptó una probatoria federal de 5 años.

“Yo era joven, no sabía”, dijo Lorenzo. “No creía que era culpable. Mi esposo era el culpable”. El esposo de Lorenzo cumplió 5 años de prisión. “Pensé que no habría problemas porque no fuí a prisión”, dijo.

La política de Trump

Hoy, debido a los cambios en la ley, los abogados y jueces están obligados a informar a sus clientes que pueden enfrentar la deportación si se declaran culpables en una negociación de cargos. Pero a finales de los años 1990, ese no era siempre el caso, y Lorenzo no lo pensó dos veces antes de declararse culpable para no ir a prisión.

“El gobierno hizo un acuerdo con una mujer. Ella cumplió su parte y pagó por su error”, dijo el abogado defensor Philip Reizenstein, quien no participa en el caso. “Hace 20 años nadie sabía que este país se convertiría en una sociedad regulada por el odio y el temor a los inmigrantes. Que puedan deportar a una mujer que hizo todo lo correcto por corregir su error es cruel e inhumano“.

Las deportaciones han continuado con premura, incluso a países abrumados por la violencia y la pobreza, como Nicaragua y Venezuela. Además, el Departamento de Seguridad Nacional creó un equipo especial dirigido a ciudadanos naturalizados que cometen delitos o mienten sobre sus antecedentes penales al solicitar la ciudadanía.

Con información de El Nuevo Herald

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