DeSantis endurece medidas para empresas que contratan indocumentados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, continúa generando polémica en torno a sus políticas migratorias. En esta oportunidad, el republicano está evaluando fijar parámetros en cuanto a la contratación de personas indocumentadas, a través de una nueva ley de inmigración.

En el proyecto SB 1718, presentado ante el senado del estado, se reflejan algunas exigencias para las empresas privadas al momento de contratar a un inmigrante. Entre ellas destaca la verificación de documentación y uso de una plataforma digital para su validación.

Aquellas compañías que no acaten los nuevos lineamientos y hagan contrataciones de indocumentados,  podrían enfrentar multas de hasta 10,000 dólares. Adicionalmente también corren el riesgo de afrontar cargos penales y suspensión de actividades.

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Si el proyecto de ley SB 1718 recibe votos a favor en el senado, la normativa aplicaría tanto para sector público como privado que operan en el estado de Florida.

¿Cómo funcionaría el nuevo mecanismo de validación para las empresas?

Las empresas privadas y públicas, tendrán que verificar la documentación del contratado a través de un sistema conectado a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Posteriormente, los dueños de las compañías, deberán utilizar la plataforma digital llamada llamada E-Verify para validar los documentos. De esta manera, se estará confirmando los datos y la elegibilidad de los candidatos al empleo.

“En Florida hay que ser elegible para trabajar legalmente”, declaró DeSantis en el mes de febrero durante la presentación del proyecto.

El incumplimiento podría acarrear cargos penales y suspensión de licencia

De aprobarse la ley, aquellas empresas que pasen por alto el nuevo sistema, recibirán una multa de $5,000 como señal de alerta.

Si continúan obviando la ley e incurren en más faltas durante los 24 meses siguientes, la pena ascenderá a $10,000 por cada indocumentado contratado.

Adicionalmente, a los dueños de las compañías, se les impondrá cargos por delitos en segundo grado y podrían perder sus licencias de operación. De entrar en vigencia, cada empleador debe tener copias de la documentación de los trabajadores.

Asimismo, deben llenar el Formulario I-9 registrado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por un período de cinco años a partir de la fecha de contratación.

Samuel Vílchez Santiago, perteneciente a la Coalición Americana de Inmigración Empresarial, dijo que la ley es preocupante, ya que hay sectores que requieren empleados y no hay suficientes norteamericanos para tomar esos puestos.