La coalición, liderada por el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), está integrada también por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF), Impulsa Latinoamérica y Civil Rights Defenders.
La directora ejecutiva de FDP y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, señaló que “las acciones represivas del régimen tienen consecuencias aun más dramáticas en medio de la crisis humanitaria que viven las familias cubanas.
Los participantes están desconcertados por los inexplicables problemas de conexión, experimentados simultáneamente por todos los asistentes durante la audiencia. Al respecto la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola, expresó: “lamento mucho la situación. Vamos a averiguar exactamente que ha pasado, nunca nos había pasado esto… vamos a ver si estos problemas continúan o si simplemente es respecto a esta audiencia. Está demás decir las interpretaciones que le puedo dar al respecto”. La coalición solicitará una reunión urgente con todos los comisionados que participaron en la audiencia para entregar propiamente toda la información y entender lo sucedido con la conexión.
A pesar de las dificultades, el director del Centro de Denuncias de FDP, Juan Carlos Vargas, indicó que “en el último año patrones sistemáticos de violaciones de Derechos Humanos han sido aplicados por el gobierno de Cuba como política de Estado. De hecho, solo los registros de nuestro Centro, han documentado más de 1050 víctimas que sufrieron incidentes represivos como hostigamiento, detenciones arbitrarias, golpizas y tratos crueles o degradantes entre otros, ejercidos directa o indirectamente por representantes del Estado”.
A su vez, Katherine Mojena, miembro de UNPACU, promotora de Cuba Decide y colaboradora del Centro, ilustró a la comisión sobre varios patrones de represión identificados a partir de la documentación de los incidentes.
- Detenciones por motivos políticos empleando la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia y la utilización de centros asistenciales de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento.
- Abuso de las regulaciones asociadas a la prevención de la Covid-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del estado y la manipulación de los servicios de telecomunicaciones.
- Cercos policiales y actos de repudio a los hogares de activistas independientes, opositores políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos.
- Confiscación arbitraria y obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las Organizaciones de Sociedad Civil, las iglesias y los ciudadanos independientes.
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