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Empresa mexicana que envió cisternas a Venezuela se declaró en quiebra por sanciones de EEUU

La empresa mexicana Libre Abordo dijo el domingo que estaba en bancarrota y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había rescindido un acuerdo de petróleo por alimentos que había permitido a la empresa cambiar millones de barriles de crudo venezolano por camiones de agua. Primer Informe / MiamiDiario Libre Abordo y su firma relacionada Schlager […]

Por Allan Brito
Empresa mexicana que envió cisternas a Venezuela se declaró en quiebra por sanciones de EEUU
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La empresa mexicana Libre Abordo dijo el domingo que estaba en bancarrota y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había rescindido un acuerdo de petróleo por alimentos que había permitido a la empresa cambiar millones de barriles de crudo venezolano por camiones de agua.

Primer Informe / MiamiDiario

Libre Abordo y su firma relacionada Schlager Business Group habían comercializado millones de barriles de petróleo venezolano desde 2019 bajo un pacto de petróleo por alimentos con el gobierno de Maduro, firmado después de que Estados Unidos sancionó a la firma estatal venezolana PDVSA.

Las compañías mexicanas fueron el objetivo de una campaña política internacional, que había llevado a una pérdida de más de $90 millones, dijeron.

«En los últimos meses (nosotros) hemos enfrentado desafíos excesivos, desde la caída del precio del petróleo … hasta la presión del gobierno de los EE. UU. Para detener nuestras operaciones», dijo en un comunicado de prensa.

Libre Abordo y Schlager Business Group firmaron en 2019 con el Gobierno de Maduro un contrato que establece el intercambio de barriles de petróleo por camiones de agua y varias toneladas de maíz.

Las compañías se mantienen bajo el escrutinio de los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, ante las sanciones estadounidenses a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ambas firmas mexicanas son vinculadas con los empresarios de origen colombiano Alex Saab y Álvaro Pulido (antes Germán Rubio), sancionados en 2019 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por negocios de corrupción en Venezuela, asunto por el que también tienen un caso penal pendiente en suelo estadounidense.

Ambos empresarios han fungido como proveedores de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, mediante ventas de productos de baja calidad que han realizado con sobreprecio.

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