El subsecretario adjunto interino de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Francisco Palmieri, exigió al gobierno de Cuba a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión de los intelectuales cubanos.
Desde su cuenta en Twitter, el funcionario a cargo de las relaciones de EEUU con Latinoamérica escribió: “Instamos al gobierno de Cuba a que deje de ejercer control sobre la expresión pública independiente y respete los derechos humanos de su pueblo. Los periodistas, académicos y artistas deberían ser libres de decir lo que piensan y dar rienda suelta a sus talentos creativos”.
Por: Redacción Miami Diario
El diplomático aprovechó la red social para promover un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 17 de julio en referencia a Cuba, informó el portal Martí.
El texto “manifiesta preocupación por condenas penales por desacato en Cuba, seguida de prisión, dictada en Cuba contra el doctor en Ciencias Biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, por el delito de desacato, la que se suma a la condena de Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), quien permanece hace más de un año en prisión”, especifican.
Según señalan en el documento, la Relatoría Especial “observa con preocupación que la utilización en Cuba del delito de desacato en estos casos no constituye un hecho aislado”, destacando que en la isla “el derecho penal y el delito de desacato son utilizados como mecanismos de responsabilidades ulteriores en perjuicio de personas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas hacia el gobierno”, apunta el referido portal.
Advierte el funcionario además que el “recrudecimiento en la criminalización de académicos, periodistas, artistas y activistas” por criticar a funcionarios del régimen cubano.
“En muchos de estos casos, los procesos suponen la privación de libertad inmediata de quienes expresan opiniones, información, o crítica, sobre temas de interés público, o que refieren a funcionarios del gobierno”, destaca CIDH.
