Este miércoles el Departamento de Niños y Familias de Florida presentó una demanda contra la Coalición de Florida contra la violencia puesto que las investigaciones revelan que millones de fondos de los contribuyentes se canalizaron en bonos para el personal de la organización sin fines de lucro.
Por Redacción MiamiDiario
La demanda de 77 páginas nombra a siete miembros de la junta de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Florida (FCADV) y cinco miembros del personal ejecutivo como acusados, incluido el ex CEO Tiffany Carr, quien enfrenta acusaciones de ocultación fraudulenta, tergiversación fraudulenta, tergiversación negligente y conspiración civil.
Las acusaciones contra el propio FCADV, anteriormente el contratista exclusivo de servicios de violencia doméstica del estado, incluyen incumplimiento de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e incumplimiento del deber fiduciario.
Según una ley de 2012, el Departamento de Niños y Familias (DCF) contrató exclusivamente con FCADV para administrar 42 refugios contra la violencia doméstica. Recibió $ 52 millones en fondos estatales y federales este año.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1087, que autoriza a DCF a romper su relación con el FCADV y el contrato con otras organizaciones sin fines de lucro, fue aprobado por unanimidad por la Cámara y el Senado la semana pasada y firmado inmediatamente por DeSantis.
La Oficial Principal de Finanzas de FCADV, Patricia Duarte, y la Directora de Operaciones, Sandra Barnett, testificaron el jueves ante el Comité de Ética e Integridad Pública de la Cámara de Representantes que Carr canalizó el dinero de la subvención del DCF no gastado en días libres pagados (PTO) para ella y personal selecto.
Cuando renunció a su puesto de $ 761,000 en noviembre, Carr cobró 465 días de PTO del año fiscal 2017 y 620 del año fiscal 1018, casi $ 4.3 millones, recaudando más de $ 7 millones durante un período de tres años.
Por su parte Duarte y Barnett también recibieron altos salarios y días de PTO excesivos. Entre 2016-18, Duarte recibió $ 668,552, con $ 253,398 en PTO, y Barnett recibió $ 556,905, incluidos $ 89,897 en PTO.
“La falta de transparencia de la coalición y el desprecio flagrante de la confianza del contribuyente de la Florida nos ha llevado a tomar las medidas necesarias para corregir un error (…) Anticipo que esto traerá justicia rápida al liderazgo ejecutivo de la organización y a los miembros de la junta”.”, dijo el presidente del Comité de Ética e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, Tom Leek, republicano de Daytona Beach.
A juicio del representante Juan Fernández-Barquín, republicano por Miami, esta acción legal tomada por el gobernador DeSantis servirá como un mensaje de que Florida no tolerará este grave abuso de poder.
Con información de washingtonexaminer.
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