Los inmigrantes de bajos ingresos pronto se le negarán las tarjetas de residencia y las visas así reciban o algún día necesiten, beneficios de asistencia pública como cupones de alimentos, cupones de vivienda, Ingreso Suplementario del Seguro Social y Medicaid, a pesar de haber ingresado legalmente a Estados Unidos, anunció la administración el lunes.
Por Redacción MiamiDiario
La medida del gobierno para redefinir y ampliar su definición de “carga pública”, alguien que se considera principalmente dependiente del gobierno y una carga financiera para Estados Unidos, es uno de los pasos más agresivos de la administración para limitar la inmigración legal, reportó Centro Tampa.
La nueva regla, que entra en vigencia el 15 de octubre, favorece a los inmigrantes más ricos que buscan un estatus permanente y pone a los pobres en desventaja, dicen analistas y académicos. Las personas que están sujetas al proceso de determinación de “carga pública” son solicitantes que buscan una tarjeta de residencia o una visa, no la ciudadanía.
Aunque el proceso siempre ha pesado factores como los ingresos, la educación, el estado de salud y las habilidades, según la nueva regla, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. También considerarán si los solicitantes han recibido asistencia pública durante más de un año en los últimos tres años para determinar si el solicitante puede obtener estatus legal.
Si el gobierno prevé que un nuevo solicitante algún día necesite asistencia del gobierno para poder sobrevivir, la solicitud será denegada, de acuerdo con la nueva norma.
“Lo que la regla hace es que si eres una familia de bajos ingresos, te pone en una gran desventaja”, dijo Anne Swerlick, del Florida Policy Institute. “Discrimina a las familias inmigrantes que tienen ingresos más bajos y hace que sea extremadamente difícil para las personas que solicitan tarjetas de residencia y varios tipos de visas. Esto cambia fundamentalmente el enfoque de los EE.UU. con respecto a la inmigración, lo que hace que el ingreso familiar y el uso potencial de los programas de atención médica, nutrición o vivienda sean una consideración central para ofrecer o no a las personas la oportunidad de hacer sus vidas en este país”.
Los funcionarios federales dijeron que la regla “garantizará mejor que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en los Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de los miembros de la familia, patrocinadores y organizaciones privadas en lugar de los recursos públicos”.
Los asilados, refugiados, víctimas de trata y víctimas de violencia doméstica están exentos de la regla de la carga pública. También están exentos: los individuos que obtuvieron alivio bajo la Ley de Ajuste Cubano, la Ley de Ayuda a Nicaragua, Centroamérica y la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados de Haití.
La nueva regla también tiene exenciones para algunos beneficios que no se contarán según la regla: el subsidio del programa de bajos ingresos de la Parte D de Medicare, así como los beneficios otorgados a mujeres embarazadas o niños menores de 21 años.
Según el Concejo Estadounidense de Inmigración, había alrededor de 4.1 millones de personas que no eran ciudadanos que vivían en Florida en 2017, y el 26 por ciento de ellos, alrededor de 1.2 millones, han utilizado algún tipo de atención médica, alimentos, vivienda o el beneficio de apoyo financiero del gobierno.
Actualmente, los migrantes representan un pequeño porcentaje de aquellos que reciben beneficios públicos, principalmente porque muchos no son elegibles desde el principio debido a su estado migratorio. Sin embargo, los analistas dicen que es más probable que la nueva regla tenga un impacto directo en las personas que no serían atacadas en absoluto.
“Estrictamente hablando, el número de personas directamente afectadas por esto es mucho menor que el universo de personas que piensan que están afectadas y van a reaccionar a esto”, dijo Matt Childers, director de investigación y política de Florida Health Justice Project, una organización bipartidista de investigación sin fines de lucro. “Esto se llama un” efecto de enfriamiento”.
Un estudio señaló que aproximadamente 2.1 millones de personas en Florida experimentarían los “efectos escalofriantes” de la nueva regla, incluidos 609,000 niños. La mayor parte de esa población vive en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Esas cifras se basan en familias con al menos un no ciudadano e ingresos ganados por debajo del 250 por ciento de la línea de pobreza federal.
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