Haití y el FMI: tres puntos contra la corrupción

El Fondo Monetario Internacional, FMI, reiteró en Haití su compromiso adoptado el pasado mes de abril contra la corrupción y la gobernabilidad, en el cual hace referencia a la desigualdad y a la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema político y en las instituciones, además de cuestionar su propio uso de eufemismos como “necesidad de igualdad de condiciones”, al enfrentar problemas de corruptela.

Por Jesús Rojas

El objetivo declarado del nuevo marco mejorado es garantizar que los asuntos de corrupción se traten de manera sistemática, objetiva, sincera y efectiva; de tal forma que se respete la uniformidad del tratamiento a la hora de aplicar las revisiones anuales del FMI a sus países miembros, así como las condiciones con los programas de préstamos del ente financiero multinacional.

De ponerse en vigor dicho compromiso de manera adecuada y significativa, en la lucha permanente contra la corrupción en países del Tercer Mundo, continuarían vigentes las discusiones con las organizaciones de la sociedad civil, su mandato de estabilidad macroeconómica, y abordar los riesgos de corrupción cuando sean tan graves como para impactar la economía de manera potencial.

En el documento, el FMI ratifica que seguirá evitando interferir en los casos individuales de aplicación de la ley anti corrupción y no utilizará sus conclusiones como referentes para publicar las clasificaciones de sus países miembros.

¿Cuáles son los tres aspectos que sobresalen en el caso de las crisis recurrentes y permanentes en Haití?

En primer lugar, la evaluación básica de la corrupción y los riesgos de gobernabilidad, cuando estima que son severos o “macro económicamente críticos, lo que permitiría evaluaciones más profundas y emitiría recomendaciones de política a seguir, según indica la organización Transparencia Internacional.

El informe del FMI subraya que “si bien no se descubrió que los riesgos de corrupción y de gobernabilidad del país X son macro económicamente críticos, persisten una serie de riesgos y vulnerabilidades significativas en su marco institucional anticorrupción. A ello se suma la rápida entrada de inversiones extranjeras en el mercado inmobiliario, lo que representa un factor de riesgo relevante como variable a seguir.

En segundo lugar, las vulnerabilidades incluyen exenciones generalizadas a los procesos de contratación pública y la falta de recursos disponibles para la Unidad de Inteligencia Financiera, señala el informe de 70 páginas del FMI, tras instar a abordar de manera proactiva dichos problemas como parte de una estrategia integral contra la corrupción, dando el apoyo necesario a los actores dentro del gobierno, como de la sociedad civil, para enfrentar las dificultades.

Un aspecto que complica el proceso de asistencia financiera es la corrupción de las redes que entorpecen el proceso anticorrupción, un registro público básico a lo largo del tiempo de participación del FMI en cada país. Además, ser más sinceros sobre los riesgos de corrupción y las vulnerabilidades con los ciudadanos, no sólo con las autoridades a puertas cerradas, lo que también puede ayudar a restaurar la confianza pública y en las instituciones.

El documento reconoce, en tercer lugar, que la corrupción en un país se facilita por las debilidades en los marcos del anti lavado de dinero de otro, lo que el FMI denomina “derrame.” Pone de ejemplo a través de empresas fantasmas que tuvieron un papel clave en el manejo de mil millones de dólares en los bancos de Moldavia, con la anuencia de jueces y funcionarios corruptos, lo que costó a ese país europeo una octava parte de su PBI anual, situación que casi lleva la economía a la bancarrota.

El caso específico de Haití es similar al de un cliente de un banco que busca abrir una línea de crédito, una tarjeta de crédito o un préstamo, sin cumplir las garantías que exige el acreedor. Incluso, si el cliente potencial está en bancarrota o al borde de ella, más difícil resultan las condiciones para acceder al crédito en cualquier institución financiera seria, y menos para quien yace al filo de insolvencia.

Un pueblo subsidiado, sin el petróleo regalado de Venezuela y la “solidaridad” de Cuba, con el 60 porciento de analfabetismo, de frágil estabilidad, comandado por élites económicas corruptas, presa de la ingobernabilidad, permeado por el narcotráfico y sin garantías históricas para la inversión, es lógico que la crisis y el caos sean recurrentes. Siendo así, ninguna institución financiera sensata se tomaría el riesgo de invertir ni siquiera con fondos blandos, excepto los osados aventureros que buscan ganancias en río revuelto.

A lo largo de su historia, Haití ha recibido miles de millones de dólares en asistencia de la banca internacional y del sector privado, antes y después del terremoto de 2010. Ello no se ha traducido en hechos tangibles como carreteras, escuelas, hospitales, empleos, calidad de vida para sus masas pobres, o incluso autoridad que responda por el destino de dichos fondos.

Es obvio que alguien se beneficia de ese caos recurrente y permanente. Pero para algunos ideólogos, resulta más fácil endilgarle la culpa al FMI o al Imperio antes de optar por soluciones viables. Como en los viejos tiempos…