Miembros de la comisión de Miami Beach, discutieron una ordenanza orientada a la seguridad ciudadana, que castiga a los desamparados con la cárcel. La normativa exige a las personas que viven en las calles, a aceptar un albergue o enfrentar las consecuencias penales.
La comisionada Kristen Rosen González, dijo que la finalidad de esta ley es brindar espacios seguros para todos los residentes de la ciudad. Asimismo, apuntó que las autoridades se esfuerzan por dar un lugar a los ‘homeless’ y evitar que deambulen por las zonas públicas.
Sin embargo, González alegó que este tipo de personas no aceptan dormir o permanecer en albergues. A su juicio, prefieren quedarse en la calle para consumir alcohol o sustancias controladas.
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“No lo quieren porque no pueden beber, ni hacer todo lo que hacen al aire libre. Tampoco pueden involucrarse en actos sexuales”, dijo la comisionada para Telemundo.
Multas y cárcel para los desamparados
De ser aceptada la propuesta, los agentes de seguridad tendrían el poder de arrestar a cualquier persona sin hogar que duerma o acampe en espacios públicos. Siempre y cuando se hayan negado a aceptar un albergue o sitio donde pernoctar.
Adicionalmente, la normativa establece que ante la negativa de la ayuda, los desamparados pueden recibir una multa de 500 dólares y durar 60 días en la cárcel.
Frente a esto, el comisionado Steven Meiner, aclaró que la primera opción no será el arresto, sino ofrecer ayuda. Al no querer aceptarla, las leyes procederán y la policía actuará amparada bajo la normativa.
Por su parte, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, explicó que ninguna persona será reubicada contra su voluntad, en caso que no exista un espacio disponible.

La policía brindará ayuda como opción principal, pero si se niegan podrían enfrentar las consecuencias. Foto referencial captura de video.
¿Se pueden crear otras soluciones en Miami Beach?
La abogada Miriam Haskell, criticó la normativa y alegó que aunque la respuesta no es dejar a los desamparados en las calles, la dureza tampoco es la salida. En ese sentido, la jurista dijo que las autoridades tienen el poder de actuar para crear “otras soluciones” más viables.
Mientras que Johnathan Gartrelle, de la organización Yaya Por Vida, tildó la medida como errónea ya que una persona que se niegue a ir a un albergue, no tiene que ser encarcelado.
El comisionado Alex Fernández, recordó que la agenda estatal estaría aprobando un millón de dólares para enfrentar la situación de los desamparados. Por ello, alegó que si no aceptan los espacios que se les ofrece, lo más lógico es que existan consecuencias.
“Se lo debemos a la seguridad de ellos y a la salud pública”, sentenció.
La ordenanza aprobada por las autoridades, se discutirá por segunda vez el próximo 18 de octubre, a fin de esclarecer las implicaciones de su contenido.
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