El precio habría sido uno de los más altos que el estado de la Florida hubiera pagado por la ansiada mascarilla protectora N95: $7 por cada una. Tenía planeado comprar un millón de mascarillas.
Por redacción MiamiDiario
La oferta tenía distinción y el negocio parecía legítimo. No en vano se trataba de Daymond John, director del Grupo Shark, y una de las estrellas del popular programa de televisión “Shark Tank”, reportó NYdailynews.
John dijo que podría conseguirle las mascarillas a la Florida, pero el costo sería tres veces más alto que el precio habitual que se paga en el mercado, que normalmente es de menos de $2 por cada una.
Durante varias semanas, diversos tipos de negocios no habían podido concretarse, y Jared Moskowitz, director del Departamento de Manejo de Emergencias de la Florida, decidió que el estado pagaría cualquier precio con tal de poder entregarle las mascarillas a los desesperados trabajadores de la salud que trabajan en la primera línea de áreas de la Florida con grandes focos de COVID-19.
“No se trataba de un desconocido, sino de Daymond John’’, dijo Moskowitz. “Me llamó y me dijo que conocía el negocio de las confecciones y que tenía conexiones con fábricas en China”.
Sin embargo, en vez de firmar una orden de compra directamente con el vendedor, el estado firmó una orden el 25 de marzo con el bufete de abogados que se encargaría de manejar la transacción, Foley & Lardner.
Según el poco usual acuerdo, el estado accedería a pagarle $7 millones al Shark Group, y pondría el dinero en una cuenta de garantía bloqueada que administraría la firma legal. El acuerdo también lo firmó Joe Jacquot, consejero general del gobernador Ron DeSantis, que comenzó a trabajar bajo las órdenes de DeSantis tras cuatro años como socio del bufete Foley & Lardner.
Se trata de otro ejemplo de cómo, en el frenético apuro para satisfacer la demanda de suministros, una situación que el estado nunca pensó tendría que enfrentar. Los funcionarios de la Florida rompieron todas las reglas de contratos, y abrieron sin límites la chequera para hacer negocios con intermediarios y vendedores poco convencionales.
El negocio también lo firmaron Jared Rosenstein, jefe de despacho de Moskowitz, y ex asesor legislativo, Morri Chowaiki, vicepresidente ejecutivo de Shark Group, Larry Fox, de Shark Group, y Kevin Hyde, de Foley & Lardner. Los intentos para comunicarse con Chowaiki, de Shark Group resultaron infructuosos.
A pesar de las firmas de grandes personalidades, la oferta de $7 millones en la que todos estuvieron de acuerdo no llegó a concretarse el 13 de abril.
En la actualidad, el negocio es uno de los que está siendo investigados por 3M, la compañía que fabrica las mascarillas, que cuenta con un equipo de abogados que planean presentar demandas en varias partes del país, así como en Canadá, para procesar los intentos de estafa y de especulación de precios por las tan esperadas mascarillas.
3M está investigando los negocios, aunque muchos de ellos, como la oferta que hizo el Shark Group a la Florida, no llegó a concretarse.
La semana pasada, 3M presentó una demanda en una corte federal de distrito en Orlando contra la firma Geftico, LLC, que, según dijo, afirmó de forma fraudulenta tener acceso a mascarillas 3M, y trató de venderlas a agencias federales a 500 por ciento por encima del precio promedio. El martes, 3M presentó otra demanda contra una compañía de Ontario, Canadá.
En momentos en que el suministro de las mascarillas protectoras que tiene el estado disminuyó a niveles peligrosos en marzo, Moskowitz y sus empleados del departamento se embarcaron en un frenético intento de firmar $600 millones en órdenes de compras con docenas de vendedores, muchos de los cuales no estaban autorizados por 3M para vender las mascarillas N95.
Días después que el estado firmó el negocio de $7 millones con la compañía de John, también firmó una transacción de $225 millones para comprar 30 millones de mascarillas, a $7.50 cada una, con el cabildero de Miami, Manny Reyes, hijo del comisionado de Miami, Manolo Reyes.
Como reportó el Herald/Times, los dos negocios no llegaron a realizarse, y solo una fracción de los 90 millones de mascarillas que el estado buscaba llegó a materializarse. “Muchas personas resultaron engañadas”, dijo Moskowitz.
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