Jesús Rojas: Democracias y crimen organizado

En años recientes, una amenaza nueva ha emergido: el Estado mafioso. A través del globo, los delincuentes han penetrado los gobiernos a un grado sin precedentes. También ocurre al revés: Más que purgar y tirar fuera a las pandillas potentes, algunos gobiernos, en cambio, han tomado control sobre sus operaciones ilegales.

Por Jesús Rojas

En los Estados-mafia, oficiales de gobierno se enriquecen y sus familias y amigos explotan el dinero, adquieren músculo, influencia política y conexiones globales estableciendo relaciones sólidas con sindicatos criminales para expandir su poder propio.

De hecho, posiciones superiores en algunas de las empresas ilícitas provechosas del mundo, ya no son ocupadas sólo por delincuentes profesionales; ahora incluyen oficiales de gobierno senior, legisladores, jefes de espionaje, cabezas de departamentos policiales, agentes militares, y, en algunos casos extremos, incluso Jefes de Estado o sus familiares”, escribe el reputado analista venezolano Moisés Naim (“Mafia States”, Foreign Affairs, mayo/junio 2012).

Subraya que “el crimen organizado socava la gobernanza democrática a través de la exacerbación de la corrupción, la erosión del Estado de Derecho, creando una dinámica de exclusión social y limitando la participación política. El debate sobre el crimen organizado, las estructuras del Estado y la gobernanza democrática, es últimamente un debate acerca de la ubicación y distribución del poder en el Estado, disponer del botín del erario público y al interior de las coaliciones triunfantes que forman los gobiernos”.

Así, en los casos más preocupantes, los elementos criminales no están en los márgenes de la sociedad, sino que permean las instituciones centrales del estado”, reza, a su vez, el informe que elaboró en 2007 la Conferencia de Nueva York, organizada por la FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior de España).

La cuestión, sin embargo, vistas las experiencias del Socialismo del siglo XXI en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y Argentina, se presenta aún más compleja. Hace advertir una suerte de simbiosis entre dicho fenómeno de la criminalidad transnacional, en lo particular el narcotráfico, y la paralela emergencia de neopopulismos en América Latina.

Todo ello proclives al control del ciudadano en sus espacios vitales – económicos, relacionados con el bienestar – y, asimismo, culturales, “tercerizándose”, paradójicamente, el ejercicio de la represión por parte de grupos y colectivos criminales promovidos y financiados desde el gobierno.

Lo que al paso transforma a éste, por razón de lo indicado, en un aparato dispuesto para su permanencia, negado a la idea de la alternabilidad en el desempeño del poder.