Juan Carlos Sánchez: España y la amenaza de una dictadura comunista

En las últimas semanas han tenido lugar en España una serie de hechos que por su gravedad ponen en riesgo el estado de derechos y las instituciones democráticas en el país.

Por Juan Carlos Sánchez (*)

Mientras la sociedad se centra en responder a la emergencia sanitaria y superar cuanto antes los efectos de la pandemia del Covid-19, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechándose del decreto de estado de alarma, ha introducido una disposición que modifica la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y habilita al vicepresidente Pablo Iglesias a formar parte del organismo que supervisa y regula los trabajos de la inteligencia española.

Ante una tragedia sin precedentes en la historia moderna española, Sánchez ha optado por el trabajo “sucio” en lugar de centrar sus esfuerzos en dar respuesta a las necesidades de un país que no cuenta con los medios suficientes en términos de asistencia médica para evitar tantas desgracias. Pero esta es una de las señas de identidad de los regímenes autoritarios, anteponen su afán de poder y sus intereses partidistas a la protección y seguridad de los ciudadanos, lo que retrata su catadura personal.

Este decreto que modifica la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002, firmado con nocturnidad y alevosía, mientras que los ciudadanos contemplan horrorizados como han muerto más de 23 mil personas -sin reconocer los que engloban los registros forenses, las casas particulares y los rastreos de los hospitales-, lleva la firma de la perversidad e incompetencia del gobierno, centrado en destrozar institucionalmente el país para convertirlo en un Estado fallido.

No sé si Sánchez -en el papel de tonto útil de esta maquiavélica historia- sabe el peligro que entraña poner el CNI en manos de un personaje sin escrúpulos como Pablo Iglesias, comunista bolivariano que se conoce al dedillo la utilidad que han tenido los servicios secretos para los regímenes totalitarios comunistas. La Checa y el KGB en la extinta Unión Soviética y la Stasi en la Alemania Oriental son solo algunos ejemplos.

Para Stalin -maestro de Iglesias- era más importante intimidar al enemigo interior y civil que defenderse del enemigo exterior y militar. Para líder comunista español, el CNI supone su caballo de Troya para llegar a la Moncloa y aniquilar a sus adversarios.

A través del CNI, Iglesias podrá obtener de primera mano toda la información secreta de la nación, lo que le permitirá controlar de manera absoluta los entresijos de la sociedad civil española, desde el Rey hasta el propio Sánchez, además de espiar a las personas relevantes de España: políticos, periodistas, empresarios, religiosos, financieros-, cuyas conversaciones y actos estarán a partir de ahora sometidos a los filtros de su chantaje ideológico y de un escrutinio casi total.

Además de una Vicepresidencia, de cuatro ministerios, Sánchez ha puesto en manos de Iglesias el Centro Nacional de Inteligencia. A partir de ahora, todos van a estar en sus manos. El amigo de Nicolas Maduro y del régimen iraní, se convertirá en Big Brother, el Gran Hermano de Orwell, encargado de infundir una política de miedo y educar a la población en el pensamiento único con métodos represivos y colectivistas.

Pero lo que resulta más grave es que el CNI, dentro de sus compromisos con la OTAN y otras agencias internacionales de inteligencia, ahora estará controlada por un individuo que mantiene oscuros nexos con el terrorismo internacional, lo que pone en entredicho la condición de España de país fiable y comprometido con Alianza Atlántica.

Pero este no es el único golpe de mano perpetrado por Pedro Sánchez en los últimos días.

Durante una rueda de prensa celebrada la pasada semana en el Palacio de la Moncloa, el general José Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ha asegurado que Instituto Armado contrataca la gestión de la pandemia desde las redes sociales para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Según se desprende de sus declaraciones, el Gobierno instrumentaliza a la Guardia Civil con fines partidistas y, lo que resulta más sorprendente, el Instituto Armado -con probado historial de absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico- ha accedido a cumplir esa orden autoritaria, mientras la población permanece encerrada en sus casas, sin conocer la verdad, adoctrinada por medios de prensa sectarios que en su gran mayoría encubren y manipulan la realidad del país.

La declaración del general José Santiago es una tormenta perfecta en un país que muestra síntomas evidentes de deterioro de sus principales instituciones democráticas y una muestra fehaciente de la deriva dictatorial del gobierno comunista de Sánchez-Iglesias y su amenaza para las libertades públicas.

El partido socialista corre el riesgo de perder el aura democrática que líderes como Felipe González quisieron imprimirle tras la transición. Mal que le pese a Sánchez y a sus testaferros, por muchas trampas y arbitrariedades que interfieran en el camino de la verdad, jamás podrán librarse de la mácula de haber recluido al país en un estado de excepción que al tiempo que reprime las libertades fundamentales, se apuntala sobre ignominias y sobre el encubrimiento de miles de cadáveres que han enlutado al país.

Pero lo más grave de lo que está sucediendo durante la excepcionalidad que vive España es la sensación que tienen los ciudadanos de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están al servicio de la Constitución y del cumplimiento de la ley, sino del partido que gobierna, instrumentalizados como pantalla de defensa del gobierno en su incompetente manejo de la crisis del coronavirus.

Desde su llegada al poder, el tándem Sánchez-Iglesias -alentado por su mentor Zapatero- ha hecho de la degeneración del poder democrático y de la traición a la Constitución, una de sus prioridades.  La colocación, por “decretazo”, del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y la descarada instrumentalización política que está haciendo de las instituciones democráticas son buena prueba de ello.

Los españoles tienen derecho a saber las razones que se esconden detrás de estas decisiones del gobierno. La misma convicción democrática que los ha llevado a apoyar sin fisuras a las medidas gubernamentales en la batalla contra el coronavirus, los legitima para exigir esas necesarias explicaciones.

(*) Analista y consultor

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