Sidney Powell, abogado del exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, ha revelado una serie de documentos con información sensible en los que, según Powell, se prueba que su cliente fue “deliberadamente engañado e incriminado por agentes corruptos de la cúpula del Buró Federal de Investigaciones (FBI)”.
Por Juan Carlos Sánchez (*)
En lo que podría ser un delito de inducción al falso testimonio, entre los documentos aportados por el abogado destaca una nota escrita a mano por el ex jefe de contrainteligencia del FBI, Bill Priestap, después de una reunión con el entonces director del FBI James Comey y el entonces subdirector de la agencia policial federal, Andrew McCabe, que describe un supuesto plan de los agentes para hacer que Flynn “admitiera haber violado la ley Logan”.
Aprobada durante la presidencia de John Adams, en 1799, esta ley -cuya vigencia constitucional es discutible- prohíbe que los ciudadanos estadounidenses no autorizados participen de manera apócrifa en nombre de la política exterior de Estados Unidos en el extranjero.
La ley Logan nunca había sido utilizada antes, pero fue esgrimida por los agentes del FBI -según se desprende de los numerosos documentos que ha presentado Powell- para inculpar a Flynn si éste se “negaba” a reconocer sus conversaciones con el entonces embajador ruso Sergey Kislyak durante el periodo de campaña presidencial de Donal Trump.
La forma de actuar de los funcionarios federales es precisamente uno de los puntos sobre los que se espera que arrojen luz las notas y correos electrónicos internos del FBI, expuestos por Powell. Entre los materiales destaca otra nota manuscrita en la que un funcionario pregunta sobre el procedimiento a seguir con Flynn: “¿cuál es nuestro objetivo? ¿Verdad/admisión o hacer que mienta, para que podamos procesarlo o despedirlo?
Tras haber sido entrevistado por el FBI días después de la toma de posesión de Trump, el exgeneral Flynn fue uno de los seis colaboradores del presidente acusados en la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la supuesta intromisión de Rusia en los comicios de Estados Unidos en 2016.
Durante el proceso judicial celebrado en diciembre de 2017, Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI y de no haber revelado a la agencia contactos con el embajador ruso en Washington.
A principios de 2020, Flynn pidió a un juez federal que le permitiera retirar su declaración de culpabilidad por mentirle al FBI, afirmando que fue coaccionado a prestar falso testimonio como parte de una campaña para desacreditar a Trump.
La confusa tramitación judicial del “caso Flynn” hizo aflorar una trama de irregularidades que empezó a crecer en los últimos años alrededor de la cúpula que dirigía entonces el FBI, y que ha llevado a algunos líderes políticos a cuestionar la existencia de una doble vara de medir practicada por la agencia durante el periodo que estuvo bajo las órdenes de Comey.
El caso más sonado fue la reapertura de la investigación de los correos electrónicos que persiguieron a Hillary Clinton durante meses.
Todas las dudas que hubiéramos podido tener acerca de la imparcialidad del director de la agencia federal en lo relativo a las pasadas elecciones de Estados Unidos, quedaron resueltas cuando el partido demócrata consideró inoportuno para el resultado de las elecciones que el FBI encontrara un nuevo lote de correos electrónicos que obligaban reabrir la investigación contra Hillary Clinton.
Harry Reid, jefe de la bancada demócrata en el Senado, llegó a decir que las acciones lideradas por Comey podrían “suponer un incumplimiento de la Ley Hatch que prohíbe al FBI utilizar su autoridad para influir en unas elecciones”.
Curiosamente, Comey recomendó a la justicia de Estados Unidos no ejercer cargos en contra de la ex secretaria de Estado por el ilegal manejo de correos electrónicos con información sensible y altamente clasificada durante su gestión.
Así pues, mientras Comey y sus agentes se mostraban intransigente con el general Flynn sin mostrar el más mínimo pudor para saltarse las normas, la exoneración de Hillary Clinton de cualquier cargo judicial por su temerario manejo de información confidencial del gobierno federal disparó las alarmas en círculos políticos y judiciales estadounidenses que han criticado una presunta dependencia del FBI a un sector del poder político a la hora de investigar y sancionar delitos en función de la ideología de quien los comete.
A juzgar por los documentos que ahora salen a la luz, y que rezan ya en poder del Departamento de Justicia, hay numerosas interrogantes sobre los motivos por los que los altos cargos del FBI procesaron al ex general Michael Flynn, quien también fuera director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), cargo que se vio forzado a dejar tras sostener numerosos desacuerdos con el presidente Barack Obama durante la guerra de Afganistán e Irak.
Sin vulnerar su presunción de inocencia, tan importante es dilucidar si Comey y su equipo cometieron un delito en el manejo del caso Flynn, como dejar claro que la mentira -si las pruebas así lo demuestran- es incompatible con una institución clave en la defensa de la democracia norteamericana, como es el FBI.
El deterioro de la imagen de esta institución no puede ser ajeno al protagonismo público de algunos funcionarios más dados al espectáculo que al ejercicio de sus responsabilidades profesionales.
Fabricar trampas de perjurio bajo la excusa de salvar al país de la intromisión de una nación extranjera es romper el principio de separación de poderes, menospreciar a los tribunales e imponer una mentira inaceptable a la opinión pública.
De confirmarse la autenticidad de los documentos, la nueva dirección del FBI tiene que explicar si Comey y los otros funcionarios implicados prepararon una argucia culpatoria contra Flynn con la intención evidente de urdir pruebas para perjudicar al gobierno de Trump, colocándolo en situación comprometida frente a la opinión publica.
Utilizar a los agentes federales, que solo pueden investigar un hecho delictivo bajo orden judicial, para dañar a rivales políticos y entorpecer investigaciones es tan grave que no solo existen responsables directos —los que dictaminaron que se realizasen—, sino también todos aquellos que, teniendo competencias políticas, consintieron que esta guerra sucia ocurriese bajo su mandato. La ilegalidad, la obstrucción a la justicia y el abuso del poder quebrantan la legitimidad, la confianza y la seguridad en las instituciones.
¿Qué pasaría si el FBI se negase a investigar a fondo este caso, después de los documentos revelados? Las respuestas son obvias. El FBI podría querer encubrir la trampa de perjurio que habría partido de altos cargos de la agencia federal con la finalidad de ganar tiempo, bien para borrar las huellas del delito o bien para dificultar la investigación de Sidney Powell, un juez decidido a averiguar la verdad.
Solo investigando hasta el último detalle a todos los implicados, sin importar hasta dónde se llegue en cada uno de los departamentos del Buró Federal de Investigaciones, se podrá resarcir, y solo en parte, el perjuicio que podrían haberle causado a una institución esencial para preservar el Estado de Derecho.
De momento, el FBI guarda silencio sobre los hechos cuestionados. Es el momento de investigar lo ocurrido y de sacar las debidas conclusiones.
(*) Analista y consultor
