Leah Soibel: Cuatro años después

Cuatro años después, de nuevo, exasperados ante una lógica que se nos escapa de las manos, nos vemos otra vez ante los los enrevesados caminos que ha ido tomando la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman en la Justicia argentina, contaminada en muchos de sus requiebros en este asunto por la política del país.

Por Leah Soibel

Y ya van cuatro años, ¡cuatro!, desde que fuera encontrado el cuerpo de Nisman en su departamento, donde murió el 18 de enero de 2015. Pero todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió. Como se suele decir, cuando la justicia es lenta, no se puede llamar justicia. Es una situación que seguro entristece a sus familiares, pero sobre todo ensombrece la salud democrática del país.

La noche de su muerte, como se sabe, Nisman tenía sobre su escritorio un informe ya terminado en el que acusaba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a los iraníes acusados del peor atentado de la historia de Argentina que en julio de 1994 dejó 85 muertos en la mutua judía Amia en una explosión a pleno día. Aquellos papeles debían llegar al Congreso, pero Nisman murió la noche anterior a su presentación.

Durante dos años el caso Nisman fue un misterio, con la familia, y gran parte de la opinión pública, convencida de que el fiscal no apretó el gatillo que le voló la sien en el baño de su casa.

Y la justicia lo confirmó en septiembre de 2018, cuando 24 expertos coordinados por la Gendarmería, un organismo que depende del Gobierno, presentaron un informe que aseguraba que Nisman no se suicidó. El resultado contradijo a los peritos que habían estudiado el caso dos años atrás y supuso un giro en la investigación.

El motivo del crimen, según los jueces, fue “consecuencia directa de la denuncia” por presunto encubrimiento del atentado que formuló contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La muerte de Nisman y toda la niebla que la rodeó es solo un elemento más de la larga historia de investigaciones y ocultaciones en el caso de la Amia, resumida en la carta abierta al presidente Mauricio Macri de la asociación de víctimas del atentado, Memoria Activa, en marzo de 2017, que decía “lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015”.

Desde 1994 hubo dos juicios y mucho ruido sobre la “conexión local” del atentado, hubo acusados y encarcelados, liberados tiempo después, y nada concluyente.

En el año 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina acusó formalmente al Gobierno iraní de planificar el atentado y a la organización terrorista chiíta Hezbolá de ejecutarlo, imputando a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de su autoría, solicitando su captura.

Según la investigación del juez que se ocupaba de la causa, Juan José Galeano, Argentina fue el país elegido para el ataque tras la decisión de su Gobierno de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.

En 2006 el Estado argentino acusó oficialmente al Gobierno de Irán por el atentado y volvió a solicitar la captura internacional a Interpol de los sospechosos.

Pero nada se resolvió.

Incluso la Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas Amia y Nisman, creadas por el presidente Mauricio Macri en 2015, fueron clausuradas cuando el gobierno consideró que habían cumplido su ciclo sin haber logrado los resultados esperados en marzo de 2018.

El encubrimiento de los encubridores continúa.

 

Leah Soibel