3.1 millones de dólares es la cifra de fondos federales que Miami destinará a camas para refugios de desamparados, capacitación laboral y tratamiento de salud mental para los que viven en la calle, en contraste con los recientes esfuerzos municipales para crear nuevas restricciones para los indigentes.
De acuerdo a la información suministrada por El Nuevo Herald, este jueves poco después que los comisionados aprobaron la medida amparada por el alcalde Francis Suárez y el comisionado Manolo Reyes, el primero pregonó el paquete de gastos como un paso hacia la reducción de los indigentes a “cero funcional” en la ciudad de Miami.
Desde el inicio de su reelección, Suárez ha dicho que uno de los objetivos para su segundo mandato consiste en crear un sistema en el que si alguien en la ciudad experimenta la falta de hogar, no dure mucho tiempo.
En ese sentido, manifestó que la financiación alimenta un plan de dos años, que asigna fondos federales de ayuda a una varias entidades que trabajan con desamparados.
“Esto es obviamente una labor que no ha terminado”, dijo Suárez en una conferencia de prensa el jueves afuera del Ayuntamiento. “Es un objetivo. Pero esperamos conseguirlo”, añadió.
Por su parte, los comisionados aprobaron otorgar a Chapman Partnership $200,000 para impulsar la capacitación de la fuerza laboral, $750,000 al próximo Miami Center for Mental Health and Recovery, $2 millones a los servicios prestados por Camillus House y $200,000 para la capacitación laboral en Lotus House, un reconocido refugio para mujeres y niños.
I’m committed to making the City of Miami the first major American city to achieve functional zero for chronic homelessness! pic.twitter.com/MXVTrhE5mU
— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) January 13, 2022
Suárez aseguró que para decidir cómo repartir el dinero preguntó a varias entidades qué necesitaban para acabar con la falta de vivienda.
La inyección de fondos federales marca un fuerte contraste con las recientes medidas adoptadas por la comisión de Miami, incluyendo la prohibición de los campamentos de desamparados, la restricción de dónde y cómo los grupos de ayuda pueden alimentar a las personas que viven en la calle, e incluso la creación de un programa en el que los vecinos de la ciudad pueden “adoptar” a los desamparados y llevarlos a sus hogares.
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