Manifestaciones de rechazo al presidente Daniel Ortega, actos de represión policial, y el apoyo social a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marcó la jornada en Nicaragua en medio de la sangrienta crisis sociopolítica que afecta al país.
EFE
Los manifestantes autoconvocados de la ciudad de Masaya modificaron a última hora una marcha programada hace varios días, debido a la represión de las fuerzas estatales, que ocuparon el recorrido previsto y lo cedieron a los sandinistas para efectuar su propia caminata.
La protesta de los opositores, cuyo trayecto se improvisó para evitar a las “fuerzas combinadas” del Gobierno, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, fue menos numerosa de lo esperado, debido a que los efectivos gubernamentales impidieron la llegada a Masaya a una caravana blanquiazul que viajaba desde Managua.
“Así vienen desde el principio de la marcha, sin dejarnos expresarnos, con acoso continuo, con amenazas, con intimidaciones y aconsejándonos que no hiciéramos el recorrido que teníamos marcado”, dijo un joven masaya de apodo “Jaco” a Efe.
La persecución policial ha obligado a catequistas y otros activistas de la Iglesia católica a huir de Nicaragua. “Desgraciadamente algunos catequistas, algunos delegados de la palabra, ministros de la comunión, han tenido que salir del país”, dijo el cardenal Leopoldo Brenes a periodistas.
A pesar de las amenazas, los autoconvocados lograron protestar contra Ortega en Masaya, Condega, Nueva Segovia, Managua y Somoto, las tres primeras reconocidas como bastiones sandinistas hasta el estallido social del 18 de abril pasado.
Al rechazo contra Ortega en las calles se sumó el respaldo de varios sectores de la sociedad nicaragüense a la CIDH, a raíz del Informe Evaluativo emitido por el Gobierno ayer sábado, en el que acusó al organismo de emitir “afirmaciones falsas y descalificaciones calumniosas”, además de calificar su actuación como “parcializada y politizada”, con informes “manipulados”.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
De acuerdo con el más reciente informe de la CIDH, al menos 317 personas han muerto en Nicaragua como producto de la crisis, pero el Gobierno solo reconoce 198, mientras que organismos humanitarios locales cuentan hasta 448.
“La CIDH es un organismo profesional, creo que tiene reconocimiento a nivel internacional, forma parte de la OEA, no creo que ahí ponga a gente que ande diciendo cosas falsas”, comentó Brenes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) rechazó “enérgicamente” el Informe Evaluativo del Gobierno “en el cual emite una serie de insultos, afirmaciones inexactas y descalificaciones calumniosas en contra de la labor que viene realizando la CIDH, en nuestro país”.
La Alianza Cívica, que participa en el diálogo nacional con el Gobierno, bajo la mediación del Episcopado, también respaldó a la CIDH y expresó la “necesidad” que permanezca en Nicaragua.
En tanto, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó a un negativo 12,1 por ciento en junio pasado, en medio de la crisis, cuando hace un año era del 3,9 por ciento, un retroceso de 16 puntos porcentuales, según un informe del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
