Nuevo reglamento de Carga Pública entra en vigencia el 15 de octubre

Por MiamiDiario CP octubre 9, 2019 12:25

Nuevo reglamento de Carga Pública entra en vigencia el 15 de octubre

A partir del próximo 15 de octubre entrará en vigencia la nueva política de “carga pública” del Departamento de Seguridad Interior, la cual determinará la aprobación o no de visas y otros estatus migratorios.

Por Joshua Bratter/MiamiDiario

Quienes aspiren a vivir de manera legal en Estados Unidos, ya sea como residentes permanentes o temporales, deberán demostrar que tienen recursos económicos suficientes para vivir en el país «sin la ayuda del Gobierno y sus diversos programas sociales».

La nueva política de admisión o no de un extranjero a territorio estadounidense bajo el principio de “carga pública” (Inadmisibility on Public Charge Ground) aplicará para aquellos que busquen:

  1. Ingresar a Estados Unidos a través de un proceso consular;
  2. Cambio de estatus migratorio, de residente temporal a permanente [Green Card];
  3. Extensión de la visa de no inmigrante mientras permanecen en Estados Unidos, y
  4. Cambio a cualquier categoría de permanencia en el país para no inmigrantes.

Esta nueva normativa es más amplia de lo que, en un principio, había establecido el Departamento de Seguridad Interior. Bajo la ley migratoria de Estados Unidos (Immigration and Nationality Act, INA), el criterio de “carga pública” solo se había aplicado para aquellos que buscaban la residencia permanente.

Ahora, la administración del presidente Trump amplió, más allá del alcance de la INA, la aplicación de dicho principio, e incluye a quienes desean residir de manera temporal.

En la práctica, esta nueva medida requerirá llenar, por parte de los postulantes, formularios adicionales para todas las categorias de visas. Uno de esos formularios es el I-944, o la Declaración de Solvencia Económica (Declaration of Self-Sufficiency). Con este documento oficial, quienes deseen ingresar al país deberán demostrar que se pueden sostener por sus propios medios, que tienen solvencia económica, mientras vivan en Estados Unidos, y no se convertirán en “carga pública”.

Dicha solvencia económica se determinará a partir de los siguientes criterios:

  • Bienes que posean los posibles residentes permanentes o temporales;
  • Ingresos que puedan demostrar;
  • Deudas financieras contraidas;
  • Historia de crédito en los Estados Unidos;
  • Evidencia de que tienen un seguro de salud;
  • Nivel de educación e instrucción;
  • Grado de conocimiento del idioma inglés;
  • Si son jubilados o no.

Desde el próximo 3 de noviembre, aquellos citados para una entrevista consular deberán demostrar que tienen una cobertura médica, a través de un plan de salud vigente, que cubra a partir de treinta días del ingreso al país, o deberán ofrecer pruebas de que cuentan con recursos financieros suficientes para pagar posibles costos médicos en caso de enfermedad.

Para evitar que puedan ser clasificados bajo el criterio de “carga pública”, los postulantes deberán demostrar que no han recibido asistencia financiera o beneficios públicos del Gobierno de Estados Unidos.

Entre dichos beneficios, se encuentran:

  • las ayudas en dinero en efectivo,
  • el subsidio de salud basado en la declaración de impuestos, establecido por la ley de salud asequible (Affordable Care Act) (el llamado “Obamacare”),
  • el pago de ingresos complementarios para niños y adultos de bajos recursos con discapacidades (Suplemental Security Income, SSI),
  • asistencia general (General Assistance, GA),
  • un programa estatal para individuos con discapacidades, asistencia temporal para familias de bajos recursos (TANF),
  • subsidios de vivienda,
  • excención de pagos al USCIS [Agencia de Inmigracion y Naturalizacion de Estados Unidos],
  • estar afiliado al Medicaid o hacer uso del programa de asistencia alimentaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

A pesar de que se han introducido varias demandas para bloquear la instrumentación de esas nuevas normas del Departamento de Seguridad Interior, no es posible saber con certeza si dichos recursos legales tendrán éxito y logren detener la aplicación de esa política.

Por lo tanto, las oficinas de asesoría a inmigrantes  procederán como si las normas estén vigentes a partir del próximo 15 de octubre. De esta manera, aconsejan a sus clientes e inmigrantes en general que tengan en cuenta y entiendan estas nuevas medidas.

www.bratterpa.com

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