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NYT: ¿Se justifica prohibición de Ciudades Santuario en la Florida?

El Congreso de Florida acaba de aprobar el proyecto de ley que prohibe la Ciudades Santuario en el Estado, en concordancia con las políticas migratorias de Donald Trump y con el respaldo absoluto del Gobernador Ron De Santis. Pero, ¿ Se justifica esa ley en un estado en el que 1 de cada 5 habitantes es  […]

Por Allan Brito
NYT: ¿Se justifica prohibición de Ciudades Santuario en la Florida?
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El Congreso de Florida acaba de aprobar el proyecto de ley que prohibe la Ciudades Santuario en el Estado, en concordancia con las políticas migratorias de Donald Trump y con el respaldo absoluto del Gobernador Ron De Santis. Pero, ¿ Se justifica esa ley en un estado en el que 1 de cada 5 habitantes es  inmigrante? The New York Times publica un amplio reportaje sobre el asunto.

The New York Times

En Florida, los inmigrantes representan más de una quinta parte de la población, provenientes de lugares tan diversos como Cuba, Haití, México y partes de América del Sur. Los republicanos que dominan el gobierno estatal generalmente lo han tenido muy en cuenta.

En 2014, los legisladores de la Legislatura controlada por los republicanos dieron a los niños indocumentados la matrícula en el estado en las universidades públicas. Un año antes, la conservadora State House votó para otorgar licencias de conducir a inmigrantes en el país ilegalmente, aunque el gobernador finalmente rechazó esa política.

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Pero a medida que el péndulo político nacional cambia, también lo hace el estado de batalla presidencial más grande del país.

En un debate muy observado que ha llamado la atención en todo el país, Florida está preparada para adoptar una de las leyes más estrictas de la nación contra las llamadas ciudades y condados santuarios. La legislación, que se espera sea aprobada por el Senado del estado tan pronto como el viernes, requeriría que las autoridades locales cooperen con las autoridades federales de inmigración y penalicen a los funcionarios públicos que no lo hagan.

En la Florida, los políticos de base republicana están bajo el mando del presidente Trump y el nuevo gobernador del estado, Ron DeSantis, que se postuló como aliado de Trump y firme opositor de las ciudades santuario, aunque la mayoría de los analistas están de acuerdo en que Florida no tiene ninguno. El Sr. Trump ha hablado de liberar a losmigrantes detenidos en la frontera a las ciudades del santuario dirigidas por sus enemigos demócratas.

La ley exigiría a los gobiernos locales que hagan su mejor esfuerzo para apoyar la ley federal de inmigración, incluido el cumplimiento de las solicitudes de Inmigración y Control de Aduanas para detener a presuntos inmigrantes indocumentados recluidos en cárceles locales hasta que ICE pueda recogerlos. Cualquier funcionario que viole la ley podría ser suspendido o removido de su cargo o, en la versión de la ley de la Cámara, multado hasta $ 5,000 por día.

“Se trata de la seguridad pública”, dijo el senador Joe Gruters de Sarasota, el patrocinador del proyecto de ley en el Senado y el presidente del Partido Republicano de la Florida. “Si eres un inmigrante ilegal que no está infringiendo la ley, no tienes nada de qué preocuparte. “Si quieres ser un criminal y estar aquí ilegalmente, mi consejo es que vayas a California o a uno de esos otros santuarios”.

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Lo que están en juego, dicen los opositores, no son solo las libertades civiles de los inmigrantes, sino también la próspera economía de Florida y su identidad, al menos en las ciudades más grandes del estado, como un crisol de culturas que recibe a los forasteros. Alrededor del 20 por ciento de la población de la Florida es nacida en el extranjero, aunque esa proporción es mucho mayor, el 53 por ciento, en Miami y Orlando.

“Realmente pensé que ya habíamos superado esto, la verdad sea dicha”, dijo el ex senador René García, un republicano de la ciudad de Hialeah, en el área de Miami, donde el 96 por ciento de los residentes son hispanos. “No es lo que hay que hacer. No tiene sentido. Estamos tratando de resolver un problema que no existe. Está motivado políticamente”.

Leyes similares han sido promulgadas o consideradas por legislaturas republicanas en medio de debates angustiosos en un puñado de otros estados. Pero algunos funcionarios locales desafiantes parecen ignorar las leyes de todos modos . El jefe de la policía de Miami dijo que preferiría quedarse sin trabajo antes que ordenarles a los oficiales que le preguntaran a alguien sobre su estatus migratorio antes de ayudarlos.

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En Texas, donde los legisladores aprobaron una ley hace dos años que exige que las autoridades locales cooperen con ICE, varias de las ciudades más grandes del estado impugnaron el mandato en la corte pero perdieron. El proyecto de ley de la Florida se basa en la ley de Texas, aunque las sanciones para los funcionarios locales son menores, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración.

“Está diseñado para ser a prueba de balas contra las inevitables demandas judiciales que presentarán los grupos de defensa en la Florida”, dijo. “Esas personas van a tener un momento difícil, considerando que la ley de Texas ya se ha aprobado”.

Sin embargo, a diferencia de otros estados, la población inmigrante de la Florida incluye a personas de países que los republicanos, empezando por Trump, han cortejado con entusiasmo : cubanos, nicaragüenses y venezolanos, quienes son más propensos a alinearse políticamente con los conservadores.

Los legisladores estatales demócratas, que se han unido en su oposición al proyecto de ley de ciudades santuario, han calificado a los republicanos como hipócritas por decir que quieren ayudar a los inmigrantes venezolanos mientras votan por una legislación que podría facilitar su deportación.

Legisladores cubanoamericanos han tenido que lidiar con el hecho de que sus familias recibieron privilegios especiales de inmigración cuando llegaron. Uno de ellos, el senador Anitere Flores, de Miami, es el solitario republicano para oponerse al proyecto de ley en el Senado hasta el momento.

“Tengo un distrito increíblemente diverso que tiene muchas comunidades de migrantes, muchos trabajadores agrícolas”, dijo. “Pero también creo que hay una responsabilidad de representar a su comunidad como una mujer hispana, y de entender eso en la situación de mi familia, pero para las leyes únicas que estaban vigentes para los cubanos cuando mis padres vinieron, podrían haber sido inmigrantes indocumentados”. 

Los debates en el Capitolio han sido largos y emotivos. La semana pasada, los padres de un hombre de 21 años asesinado por un hombre que había sido deportado dos veces hablaron con un comité de senadores. Luego, una niña de 11 años y su prima de 7 años les hablaron sobre sus padres que emigraron de Honduras.

La representante Cindy Polo, una demócrata de Miami, dijo en la Cámara de Representantes que sus padres vinieron de Colombia con una visa y la demoraron. “¿A eso nos referimos como criminales?”,  dijo luchando contra las lágrimas.

Los grupos nacionales de defensa de la inmigración han instado a sus miembros a que llamen a los senadores del estado de Florida como posibles votantes indecisos para que se opongan al proyecto de ley o al menos apoyen las enmiendas que reducirían su alcance. Algunas organizaciones han movilizado a decenas de manifestantes a Tallahassee, la capital del estado, donde sostuvieron carteles y rezaron frente a las oficinas de legisladores clave. El capítulo de Florida de la American Civil Liberties Union emitió una “alerta de viaje” este mes advirtiendo que los derechos de los inmigrantes podrían estar en riesgo si el proyecto se convierte en ley.

La ACLU ha afirmado que ICE emitió solicitudes erróneas para detener a 420 inmigrantes que en realidad eran ciudadanos estadounidenses en la cárcel del condado de Miami-Dade durante los últimos dos años. Miami-Dade fue el primer municipio en el país en comenzar a cumplir con las solicitudes de detención nuevamente, luego de prometer que no lo haría cuando el Sr. Trump amenazó en 2017 a retirar fondos federales de los “santuarios”.

Los líderes de más de 120 empresas estatales firmaron una carta abierta al gobernador y legisladores advirtiéndoles que la legislación podría afectar a numerosos sectores de la economía del estado.

“Ahí va la agricultura”, dijo Mike Fernández, un ejecutivo de atención médica multimillonario que ayudó a organizar la oposición. “Ahí va la construcción. Ahí va el servicio de salud a domicilio ”.

Pero otros intereses comerciales importantes han sido menos  activos en su oposición, al menos públicamente, que durante un debate anterior sobre la inmigración en 2011. Ese año, el ex gobernador Rick Scott, quien fue impulsado por el fervor del Tea Party, intentó pasar sin éxito una estricta ley de inmigración. La diferencia, según Fernández, es que la propuesta de este año no incluye la mayor preocupación de los empleadores: el mandato de usar el sistema electrónico E-Verify para verificar el estado migratorio de los empleados.

Sin embargo, los intereses comerciales podrían no tener el peso político que solían tener con los republicanos de Florida.

“Digo esto muy respetuosamente: no me importa lo que piense la comunidad empresarial”, dijo  a principios de esta semana el representante de Cord Byrd, de Neptune Beach, el patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

Después de su primer año en el cargo, el Sr. Scott, quien ahora se encuentra en el Senado de los Estados Unidos, se distanció de la dura retórica de la inmigración y de la búsqueda de los contenciosos proyectos de ley de cumplimiento, una medida considerada sabia para su futuro político.

“Trabajó muy duro para enhebrar esta aguja: fue duro en la aplicación de la ley sin hacer demagogia con la comunidad inmigrante”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración. “DeSantis ha arrojado esa estrategia por la ventana”. Me pregunto cuáles son los planes a largo plazo para los republicanos en Florida ”.

Si quiere leer el reportaje original en inglés pulse acá.

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