El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado al menos 30 actos represivos contra personas vinculadas públicamente a las religiones, durante los acontecimientos alrededor de la Marcha Cívica del 15 de noviembre en Cuba.
La represión contra religiosos se orientó, en algunos casos, desde el más alto nivel.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista intervino en el caso de los sacerdotes Alberto Reyes Pías, Castor Álvarez y Rolando Montes de Oca, los tres de Camagüey, con la advertencia de que serían detenidos en caso de participar en las manifestaciones.
Además, un grupo de personas vestidas de rojo y con banderas organizaron un lamentable “acto de repudio” frente a la sede del Arzobispado de Camagüey, donde estaban Alberto Reyes y el arzobispo Wilfredo Pino. Las personas que protagonizaron esta acción represiva gritaron consignas como “Viva Fidel”, “Abajo el Imperialismo”, pusieron música a un alto volumen y lanzaron ofensas.
El pastor evangélico Enrique Fundora Pérez, en San José de las Lajas, fue sometido durante esos días a un operativo de vigilancia policial para impedirle salir de su casa.
Varios laicos sufrieron amenazas, cortes de internet y vigilancia en sus domicilios. Sor Nadieska Almeida, Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, denunció en su perfil de facebook haber sido acosada por representantes del gobierno el 15 de noviembre.
Según denunció la religiosa: “Sobre las 5:30 pm, decidí salir a caminar, ni siquiera pensé en el Malecón, solo quería caminar y visitar a una amiga. Nada más asomarme y poner los pies en los escalones de la entrada de la casa, vinieron hacia mí alrededor de 13 personas. Mientras iban llegando, se avisaban con gritos, silbidos… De ese grupo habló una señora para preguntar cuál de las que íbamos era Sor Nadieska. Yo respondí: ‘Soy yo, ¿por qué?’. Y la respuesta fue: ‘usted tiene prohibido salir hoy'”.
El organismo elogió el papel de los creyentes, desde los obispos hasta los laicos, quienes se han manifestado abiertamente exigiendo respecto a la libertad de reunión, manifestación y expresión en Cuba.
Según la organización, las jornadas del 15N se saldaron con más de 450 actuaciones represivas, entre ellas más de un centenar de detenciones arbitrarias y 15 actos de repudio.
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