OCDH documentó casi tres mil acciones represivas del régimen de Cuba en el primer semestre de 2022

El gobierno cubano cometió al menos 2.977 acciones represivas en el primer semestre de 2022, de ellas 719 detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas, informó este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Solo en junio se registraron al menos 336 acciones represivas, de las cuales 79 fueron algún tipo de detención y otros 257 abusos contra los derechos fundamentales, entre ellos hostigamientos, sitios de casas, citaciones policiales, multas, amenazas, juicios e impedimentos de viaje al extranjero.

Durante las últimas semanas se ha intensificado el acoso contra familiares de los prisioneros políticos y de conciencia, como es el caso de Jonathan Lopez Alonso; Pedro Osvaldo Lopez Mesa, Roxana Garcia Lorenzo, familiares de Andy Garcia Lorenzo; Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera; Annia Zamora Carmenate, madre de Sissi Abascal; Delanis Álvarez Matos, esposa de Duniesky Diaz Cañizares; y Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano.

El acoso y las agresiones contra Ailex Marcano fueron objeto de una denuncia reciente del OCDH ante los mecanismos de la ONU relacionados con actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.

También la institución denunció el impedimentos de salida del país de Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y de Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, quienes debían visitar instituciones de la Unión Europea en Bruselas y de derechos humanos de la ONU en Ginebra, invitadas por el OCDH.

“La situación de los derechos humanos en Cuba es cada vez más crítica. En la medida en que se acerca el primer aniversario de las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, el régimen cubano acelera la represión contra la población, para evitar que las víctimas de la grave situación política, económica y social vuelvan a tomar las calles del país”, señaló el OCDH.

En este sentido, “instamos a la Unión Europea y a los gobiernos democráticos, especialmente a España, a abandonar la estrategia de silencio y apaciguamiento sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba”.