Dos ONGs denunciaron al régimen cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) por los 11 días de arresto arbitrario -sin acusación formal- del coordinador nacional de UNPACU, José Daniel Ferrer.
Por Redacción MiamiDiario
La ONGs Cuban Prisoners Defenders (CPD) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) realizaron la denuncia porque están preocupados por la detención del líder opositor, José Daniel Ferrer sin que exista una acusación formal en la ciudad de Santiago de Cuba, informó cibercuba.com.
¡Atención! Prisoners Defenders anuncia que hemos denunciado formalmente al Gobierno de Cuba por la desaparición y abusos sobre José Daniel Ferrer: https://t.co/5uZvuxirzU #FreeFerrer @EamonGilmore @AICaribbean @AmericalatinaAI @amnesty @amnestyusa @AIMexico @AmnistiaOnline pic.twitter.com/OAdRffNdwC
— Cuban Prisoners Defenders (@CubanDefenders) October 12, 2019
La denuncia formulada consta de 8 páginas, en la misma manifiestan que “Solicitamos auxilio y protección por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en favor de José Daniel Ferrer, quien (…) se encuentra en situación de privación de libertad, sin opción a defensa ni procedimiento judicial independiente, y carente además de las debidas garantías procesales”.
En el documento las ONGs informan, de forma pormenorizada, como más de 60 funcionarios del régimen castrista irrumpieron en tres hogares de activistas de UNPACU -a principio de octubre- apresando a José Daniel Ferrer y a otros integrantes de la organización disidente cubana, sin ninguna causa legal.
Además esas agentes del régimen cubano -en un supuesto operativo policial- robaron una serie de materiales y objetos, los cuales fueron detallados en la denuncia.
En el documento indican que los principales responsables de estas detenciones arbitrarias son el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz; el actual gobernante Miguel Díaz-Canel y otros personeros que ocupan altos cargos en la isla caribeña.
La denuncia asevera que existe “un patrón de actuación de las autoridades del país en contra de los activistas de la organización UNPACU que, presentando un diseño, sistemática y organización estatal, tiene las características internacionales para calificarlos crímenes de lesa humanidad en cuanto a la detención, desaparición forzada, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, y otros tratos inhumanos, tipificados en la legislación internacional que delimita dichos crímenes”.
Agregaron las ONGs que “Los hechos descritos violan flagrantemente numeroso articulado de diversos acuerdos y tratados universales de derechos humanos“, como son “la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Nelva Ismarays Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer, manifestó que el líder de UNPACU estaba recibiendo atención médica debido a que en su última detención durante la Marcha de los Girasoles, le dieron una golpiza los funcionarios del régimen dictatorial que le causó problemas dentales.
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