Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que, desde noviembre, el régimen de Nicolás Maduro estigmatizó y persiguió sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, reportó elnacional
Por Redacción Miami Diario
También advirtieron que Maduro acalló las voces disidentes y a los defensores de los Derechos Humanos, a pesar de que desempeñan un papel clave en el desarrollo de Venezuela.
El relator sobre libertad de reunión, Clément Voule; la experta sobre libertad de expresión, Irene Khan; la relatora sobre defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlo: y la responsable de vigilar la protección de derechos y libertades en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, defendieron de forma conjunta a las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
La ONU proporciona una mediación imparcial para prevenir y ayudar a resolver conflictos. La neutralidad es clave para ganar la confianza de las partes y conseguir la cooperación de todos.
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— Naciones Unidas (@ONU_es) December 12, 2020
Estas organizaciones son más esenciales que nunca si se tiene en cuenta la preocupante situación socioeconómica que atraviesa Venezuela, la cual empeoró durante la pandemia. “Su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe protegerse. No socavarse”, señalaron.
Reformas en contra de las ONG
Los expertos consideran que reformas recientes como la que amplía la supervisión de la financiación de las ONG tienen efectos paralizantes para las organizaciones. Esto, en última instancia empeora las violaciones de los derechos económicos y sociales de las personas que reciben ayuda.
También temen que medidas como la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo puedan servir para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Los integrantes de la ONU instaron a la nueva Asamblea Nacional y al régimen de Maduro a aprobar leyes en favor de las ONG y los activistas. También pidieron a abolir la Ley contra el Odio aprobada en 2017.
“La libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática“, recordaron. Por último, instaron a las autoridades a dejar de intentar controlar a las organizaciones, de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar su trabajo.
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