Organización de Derechos Humanos aseguró que más de 2 millones de cubanos rechazan el referendo constitucional

Al cabo de de seis décadas en el poder, el gobierno de Cuba se ha vuelto un experto en disfrazar de legalidad la arbitrariedad. No importa si para lograr ese fin recurre a medios como la propia arbitrariedad, la ilegalidad o el fraude. Después de todo, una de las lecturas favoritas del fundador, Fidel Castro, era El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.

El verdadero valor del referendo convocado el domingo pasado por las autoridades de la isla para aprobar una “nueva Constitución” no fue la consabida y esperada aprobación sino la revelación, aun según cifras oficiales, de que 2.482.108 electores, o el 26,69%, de algún modo (entre abstenciones, votos en contra y boletas anuladas) lo rechazaron, la cifra más alta en uno de estos periódicos teatros políticos desde 2003.

Los que se atrevieron a expresar su inconformidad, en un Estado policial que reprime  y acorrala la disensión política, tuvieron que lidiar con contrariedades y artimañas que muchos cubanos ven como parte de la mecánica nacional, pero que  en cualquier democracia representativa habrían sido denunciadas como fraude: El gobierno desplegó una intensa propaganda con el lema “Yo voto sí”, pero solo en el mes de enero se registraron al menos 179 detenciones arbitrarias de activistas que promovían el “NO” o la abstención. El 24 de febrero, día de la votación, observadores independientes que planeaban monitorearla a pie de urna fueron reprimidos o asediados por la policía política. Electores se quejaron de que las boletas debían marcarse con lápiz, no con un indeleble bolígrafo. Cubanos que rompieron con La Habana y que residen en el exterior, entre ellos ex cooperantes internacionalistas que lo denunciaron a la organización #NoSomosDesertores, aparecieron en listas de votantes en la isla. El gobierno permitió que cubanos que residen fuera de la isla opinaran sobre el borrador constitucional en el sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pero ni los más de dos millones que viven libres en el extranjero, ni los que mantienen su residencia en la isla tuvieron derecho a votar. En un país que en los últimos años ha enfrentado un preocupante decrecimiento poblacional, el padrón electoral aumentó misteriosamente de 8,6 millones de electores, cifra que se  manejó  a lo largo del referendo, a 9,2 millones, al anunciarse al cierre de los colegios electorales que se habían reportado «634.034 inclusiones”.

El gobierno que da continuidad al régimen de 60 años de los hermanos Castro necesitaba una nueva Carta Magna para aparentar que Cuba está cambiando y cubrir su esencial arbitrariedad en un manto de “legalidad”. Aunque para ello tuviera que aplicar la máxima maquiavélica de que “el fin justifica los medios”. Pírrica victoria.

Con información de nota de prensa

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