Oro ilícito extraído del Amazonas llega a cadenas de suministro

Al realizarse los primeros Juegos Olímpicos de América del Sur, Brasil fue el país anfitrión que recibió a los equipos en el 2016 en Rio de Janeiro, alardeando de que el oro utilizado en las medallas de los ganadores ayudaban al medio ambiente, pues no se fabricaban con plata ni mercurio y el material empleado era reciclado de las láminas de rayos x y también de espejos desechados, informó AP News.

Tras media década luego de los juegos, la empresa que fabrica este oro; Marsam actualmente procesa el oro que es adquirido por prestigiosas empresas para un uso moderado y sin daños al planeta tierra. Entre las empresas que han obtenido este material se encuentran Amazon, Microsoft y Tesla, quienes políticamente deben adquirir metales con responsabilidad, ya que la industria ha estado minada por intranquilidades ambientales y de trabajo.

Aunque todo lo mencionado suena fantástico, la empresa The Associated Press realizó una profunda investigación en la cual reportaron que Marsam, con su sede en Sao Pablo transforma el oro para un mediador que ha sido acusado por la fiscalía brasilera de adquirir oro extraído de manera ilícita proveniente de tierras indígenas, así como de otras áreas que están en el corazón del Amazonas y tienen asociación de propiedad con la selva.

Asimismo, la AP ha informado en anteriores ocasiones sobre este caso que la adquisición del oro ilícito en las tierras indígenas se ha incrementado significativamente en los últimos años, donde se ha planificado la elaboración de pistas de aterrizaje ilegales dentro de la selva para que los aviones que no están autorizados puedan trasladar equipos pesados, así como combustible e incluso retroexcavadoras para perforar la tierra y hallar el preciado mineral.

Sin embargo, es duramente criticado la poca vigilancia por parte del mandato de Jair Bolsonaro, quien solo ha agravado el problema de la minería ilegal de dicho mineral en áreas protegidas. Asimismo, los mismos críticos son quienes juzgan un programa certificación internacional, pues los fabricantes se jactan de dicha certificación donde se “valida” que no emplean oro provenientes de zonas indígenas, pues señalan que dichas áreas ejercen el lavado de dinero.

Según el profesor de derecho penal de la Universidad de Basilea en Suiza, Mark Pieth “No hay una trazabilidad real mientras la industria dependa de la autorregulación. La gente sabe de dónde viene el oro, pero no se molestan en retroceder mucho en la cadena de suministro porque saben que entrarán en contacto con todo tipo de actividad delictiva”.

En tal sentido, el mineral obtenido de manera irregular se ha filtrado en la cadena de suministros y se mezcla con el oro limpio para que no se pueda distinguir fácilmente.

Las pepitas de oro son extraídas de la jungla y llevadas posteriormente a los bolsillos de los exploradores de la ciudad más cercana donde finalmente son vendidos a los corredores financieros. Los requerimientos para el proceso de transformación del mineral en bruto es el activo negociable que es regulado por el banco central y documentado a mano, donde se certifica el punto específico de la jungla donde fue extraído el oro.

Finalmente el oro llega a manos de Dirceu Frederico Sobrinho, quien sin pena ni disimulo presume sus joyas señalando que: “No motivas a alguien a ir al bosque si no está persiguiendo un sueño”, dijo en una rara entrevista desde su oficina de la esquina tachonada con un águila gigante de jade. “Quien comercia con oro tiene eso: sueñan, creen, les gusta”.

Asimismo, Sobrinho agregó que: “Tenemos un dicho entre los garimpeiros: ‘Soy un peón, pero soy un peón de oro’”.

En agosto de 2021 los fiscales brasileros realizaron una demanda civil a F.D’Gold, quien es el mayor comprador de oro en Brasil. El comprador adquirió el mineral por 361 millones de dólares provenientes de 251 lugares salvajes, informado por el regulador minero. Asimismo, la demanda fue en contra de otros dos corredores, y el objetivo de esto es suspender inmediatamente estas actividades ilícitas y que paguen 1.800 millones de dólares para “compensar” los daños ambientales y sociales.

En tal sentido, en la demanda se refleja que dichas empresas no han tomado las medidas para evitar la extracción ilícita de minería, con un total de 4,3 toneladas métricas en las áreas protegidas y en territorios indígenas donde la extracción de minerales está prohibida.

Dirceu señaló que su empresa cumple con las leyes y que ha aplicado controles extras, sin embargo reconoció que el oro adquirido y su origen no son “exactos” en la actualidad. Así como propuso un registro digital en la industria para mejorar la claridad.

A pesar de que el caso sigue en desarrollo según un estudio revelado por la Universidad Federal de Minas Gerais, esta halló que hasta un 28% del oro que fue producido en Brasil durante el 2019 y el 2020 fue extraído de manera ilegal. Y para llegar a estos resultados los investigadores evaluaron 17,400 transacciones reportadas por el gobierno por parte de F.D’Gold así como de otros compradores, para lograr identificar la ubicación exacta de donde el oro fue extraído.

En la mayoría de casos, la ubicación provenía de lugares no autorizados para la extracción del mineral y a través de imágenes satelitales no se reflejaron los signos identificativos de la actividad minera, como lo es la deforestación, deduciendo así que el oro extraído fue de lugares no aptos y protegidos.