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Preocupa “cultura del malgasto” de fondos públicos en Miami-Dade

Un fuerte debate ocupa a la Comisión condal sobre la necesidad de analizar con mayor detenimiento los gastos y proyectos que se aprueban Por Sergio Otálora De acuerdo con un reporte del Departamento de Auditoría del Condado Miami-Dade, pedido por el comisionado del distrito 11, Joe Martínez, entre 2013 y 2017 el Condado gastó más […]

Por Allan Brito
Preocupa “cultura del malgasto” de fondos públicos en Miami-Dade
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Un fuerte debate ocupa a la Comisión condal sobre la necesidad de analizar con mayor detenimiento los gastos y proyectos que se aprueban

Por Sergio Otálora

De acuerdo con un reporte del Departamento de Auditoría del Condado Miami-Dade, pedido por el comisionado del distrito 11, Joe Martínez, entre 2013 y 2017 el Condado gastó más de 2.000 millones de dólares en servicios de consultoría, administración y pago de contratistas externos, para el desarrollo de trabajos de infraestructura en los departamentos de aviación, acueducto y alcantarillado, transporte y obras públicas, y el puerto de Miami.

Tales desembolsos fueron aprobados por la Comisión y, según Cathy Jackson, directora de auditoría, “todos esos servicios fueron adquiridos de acuerdo con las normas y reglas del Condado establecidas para ese tipo de gastos”.

Y justificó los resultados de su investigación ($ 2,688.813.394, es la cifra exacta) porque “dada la magnitud, complejidad y diversidad de los proyectos de infraestructura del Condado, el departamento de auditoría ve que los servicios de administradores y otros profesionales, son cruciales, efectivos y estratégicos para lograr los objetivos de esas obras”.

Al respecto, la visión de Martínez es muy distinta. “Esos gastos no están justificados. Eso quiere decir que no hacen falta ni los empleados ni los asesores que tenemos”, sostuvo.

Para el comisionado Esteban Bovo, presidente de la Comisión de 2016 a 2018, “la tendencia es que hay demasiadas expectativas en estos consultores externos, en lugar de que los mismos empleados del Condado hagan el trabajo. Es una polémica que se está dando en la comisión y creo que es importante”.

Esta discusión se agudizó en las últimas semanas cuando los comisionados de Miami-Dade aprobaron, el pasado 5 de marzo, una resolución en la que le hacían cambios a un contrato con la firma de asesoría AECOM Technical Services, que se aprobó en 2014, por un valor de más de 91 millones de dólares.

Se suponía que esa cifra era por los 15 años de duración de una serie de proyectos del Departamento de Acueducto y Alcantarillado, resultado de una demanda contra el Condado, instaurada por autoridades ambientales de la Florida y del Gobierno federal, por violar la ley de agua limpia (Clean Water Act). Las autoridades condales llegaron a un acuerdo con las federales, a través de un “consent decree” en el que se establecieron 81 obras para cumplir con la demanda.

Pero a menos de cinco años de vigencia del contrato con AECOM, la Comisión de Miami-Dade aprobó un incremento del 53.35%; es decir, por más de 48 millones de dólares.

¿La razón?, el incremento en los costos de construcción de los proyectos, según lo explicó el Condado en un memorando a los comisionados. En 2014, el valor calculado fue de 732 millones de dólares, pero el precio subió a 1.163 millones porque se amplió el espectro del proyecto.

Para Bovo, el Condado “cometió un error de casi 50 millones de dólares”. Desde su punto de vista, en cualquier empresa privada, semejante falla le habría costado el puesto a varias personas. “Pero eso no pasa en el Condado. Tal conducta es parte de una cultura que ha existido en los últimos 20 o 30 años, y acabar con ella no es fácil”.

Por otra parte, Bovo expresó su esperanza de que con el límite en los mandatos de los comisionados, lleguen nuevos representantes “más agresivos en sus deseos de cambiar la dinámica del Condado, que se demora mucho tiempo en cumplir sus promesas”.

Estudios

Al lado de los asesores están los estudios. Martínez denunció que en 25 años se han hecho tres sobre la Kendall Drive, una avenida estatal que forma parte del llamado Smart Plan, un proyecto de seis corredores de transporte público masivo.

Al comisionado le pareció absurdo que ese análisis, por un valor de 11 millones de dólares, se haga para ver si se puede instalar una vía férrea: “el que conozca el área, que no sea de otro estado o esté sentado en una oficina en el piso 29 (es el piso donde queda la oficina del alcalde Carlos Giménez), va a decir que —en estos momentos— es factible hacer un proyecto de líneas de tren. Si lo hubieran hecho hace 25 o 30 años entendería su valor, pero ahora en los tres carriles de cada sentido, ¿cuánto tiempo habrá que parar Kendall Drive para poner un corredor en el medio y cuántos miles de millones de dólares habrá que pagarles a los propietarios de casas, centros comerciales, edificios y tiendas, si se deciden que esos rieles van a a un lado de la vía?”.

En general, Martínez cuestiona casi todos los estudios que se hacen o se han hecho, para los diferentes corredores de transporte en áreas clave del Condado. Pero reconoce, al igual que Bovo, que hay normas estatales y federales que obligan al gobierno condal a contratar dichos estudios.

El comisionado del distrito 11, Joe Martínez, en su despecho.

Para Alice Bravo, directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas, esos análisis —llamados NIPA; es decir, estudios de impacto ambiental— exigen diseñar modelos en computadora que calculan cuántas personas van a utilizar el sistema, los costos, “y a medida que se desarrolla los funcionarios federales van pidiendo más información. Además, piden que se realicen audiencias públicas, para que la gente opine y se comunique cómo se va a mitigar el impacto de la obra, si lo hay”, precisó.

En cuanto al corredor de Kendall, el estudio se hace precisamente “para ver qué conclusiones salen de ahí, para ver los beneficios y las cosas negativas del proyecto, con base en datos de ingeniería”, puntualizó la alta funcionaria condal.

Sin embargo, Martínez subrayó en que hay estudios que no tienen fecha de vencimiento, como el del downtown de Miami a Miami Beach. “Lo que hay encima del agua no ha cambiado, el mar está ahí todavía, los puentes son los mismos. En ese estudio se van a gastar más de 40 millones de dólares, ya se han hecho tres y ahora piden uno nuevo. Eso es botar el dinero”.

Y recordó que para la ruta este-oeste del Smart Plan, el estudio empieza en el downtown de Miami y termina en FIU (Florida International University). “¿Hace cuántos años hay más de cien mil casas hacia el oeste de esa universidad? Ese estudio es obsoleto, desde que lo iniciaron ya no sirve. Y son otros 11 millones gastados ahí”.

Para Bovo es necesario mirar con un “ojo clínico” cada contrato. Incluso mencionó que la vicepresidenta actual de la Comisión, Rebeca Sosa, presentó una iniciativa en la que se establece que un contrato que vaya a ser discutido, debe estar meses antes en manos de los comisionados con el propósito de darles tiempo de analizarlos.

Reconoció que en muchas ocasiones él y sus colegas de la Comisión han visto cómo “se crean supuestas emergencias y siempre el argumento es que si no hacemos tal o cual cosa perdemos unos fondos federales. O se citan plazos perentorios, estipulados por la ley, para terminar cierta obra. Eso lo he oído también a nivel estatal y local”.

Según Martínez, los funcionarios del Condado, o los cabilderos, “saben apretar los botones que tienen que apretar para presionar a mis colegas. Muchas personas se dejan intimidar porque son las cosas que se deben hacer. Y es verdad, hay que hacerlas, no hay duda. ¿Pero de esa forma?”

¿Corrupción?

La pregunta que surge es en dónde termina lo legal y empieza a tocarse el terreno de la corrupción.

“Ahí no puedo decir nada porque tendría que ver las razones por las cuales las personas recomiendan esto o apoyan lo otro para poder decir que hay corrupción”, respondió Martínez. Y añadió: “Lo que yo puedo decir es que tenemos una cantidad de servidores públicos, arquitectos, ingenieros, que han estudiado en las mismas escuelas que los asesores, ganan un salario y pueden hacer el mismo trabajo”.

Reconoció que despilfarro hay en todos los gobiernos, pero no existe voluntad política para superar esta especie de hemorragia de recursos por cuenta de la contratación de asesores externos. “Normalmente cuando yo discuto ese tema y asumo una posición, el voto muchas veces es 12 a 1, 11 a 2, cuando consigo 10 a 3 siento que fue una victoria”.

No sabe por qué es tan impopular, dentro de la Comisión, controlar el gasto. Cita como limitación para saberlo la llamada Ley Sunshine, que no permite a los funcionarios electos, que forman parte de comisiones o del parlamento estatal, hablar entre ellos sobre temas de la agenda legislativa. “Yo no le puedo preguntar a otro colega ’ven acá, chico, por qué tú estás votando a favor de esto, si no tiene sentido’. Lo debo hacer en la Comisión, en el tiempo que tengo, y eso a veces cansa”.

Pedir cuentas

Una de las cosas que se pueden hacer para —por lo menos— tener un panorama de cómo se utilizan los recursos del Condado, es requerir reportes “pero la administración nos puede dar lo que se le dé la gana”, alegó Martínez.

Los comisionados, por ley, “no pueden exigir. Podemos pedir información, yo la he pedido a la administración y a la alcaldía. Han pasado cuatro o cinco meses, sin que me la den”.

Martínez cree que las cosas podrían mejorar “si todo el mundo vigilara esos dineros como si fueran propios. A lo mejor todo sería distinto”.

Con información de Diario Las Américas

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