Recomiendan a Florida finalizar contrato de atención médica privada para reclusos

Una auditoría independiente concluyó que la Florida está perdiendo dinero debido a su decisión de poner su sistema de salud de las prisiones en manos de contratistas privados.

Por Redacción MiamiDiario

De acuerdo a un reportaje de El Nuevo Herald, el Senado de Florida en el presupuesto estatal 2019-20 solicitó la auditoría. En sus conclusiones recomienda que el Estado finalice su contrato de atención médica privada y opte por hacer el trabajo por sí mismo o inicie un acuerdo para obtener atención médica a través de los hospitales docentes del sistema universitario.

CGL Companies, la firma nacional de consultoría de prisiones que realizó la auditoría sostiene que el Estado ahorraría entre $40 y $46 millones al año.

“Esos ahorros llegarían en un momento en que el Departamento de Correcciones de Florida (FDC, en inglés) se ve acosado por problemas, desde una rápida rotación y oficiales correccionales sin experiencia hasta instalaciones en ruinas y una población de presos cada vez más violenta, drogadicta y propensa a las enfermedades mentales“, apunta El Nuevo Herald.

El secretario de la FDC, Mark Inch, advirtió que el “status quo no es sostenible” por lo que solicitó a la Legislatura una inyección de $113 millones de dinero fresco para aumentar el pago y retener a los oficiales, reducir las horas extra y llenar las vacantes.

Los auditores mostraron cuántos de los problemas fueron autoimpuestos por el estado. “En los últimos 10 años, el ex gobernador Rick Scott y los legisladores estatales extrajeron millones del sistema penitenciario, primero al pasar de turnos de 8 a 12 horas para recortar 3,700 empleos, luego con un impulso para privatizar las cárceles y la atención médica en las prisiones”.

La auditoría explica cómo los ahorros a corto plazo, realizados entre el 2011 y el 2014, ahora están costando millones a los contribuyentes y llevando a demandas colectivas exitosas en nombre de los reclusos.

Lo que arrojó la auditoría

De acuerdo al reporte de El Nuevo Herald Karl Becker, vicepresidente senior de CGL Companies y uno de los autores de la auditoría, “Los contratos que el Departamento realizó entre el 2012 y el 2015, aunque ahorraron cantidades sustanciales de dinero, dieron como resultado reducciones sustanciales en el servicio”.

En opinión del Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Justicia Penal y Civil esas reducciones incluyeron “puestos vacantes, no se pudo llevar a los reclusos enfermos para que vieran a los proveedores de salud locales, y esto condujo a una acumulación de problemas médicos y de salud mental y probablemente ha contribuido al litigio que el Departamento ha sufrido en los últimos años”.

Los auditores concluyeron que solo en el año fiscal actual, el estado deberá gastar $39 millones en gastos adicionales de atención médica como resultado de demandas judiciales sobre programas de salud mental, tratamiento de hepatitis C, atención de hernias y tratamiento de discapacitados que probablemente fueron motivados por la historia “complicada” del Estado con los servicios de atención médica para reclusos.

Lo barato sale caro

El reportaje del El Nuevo Herald recuerda que en el 2011, después de que el entonces gobernador Rick Scott prometiera recortar $1,000 millones del Departamento de Correcciones, los legisladores ordenaron a FDC que privatizara la atención médica de los reclusos. Los auditores apuntan que Wexford Health Services y Corizon LLC ganaron las ofertas, y el costo por reemplazar el servicio médico que proveía el Estado disminuyó un 12 por ciento.

Para lograr los ahorros requeridos, los vendedores “redujeron el gasto al mantener niveles más bajos de personal de atención médica” y eso “condujo a serios problemas de desempeño en ambos contratos”.

Los auditores dijeron que los contratistas privados redujeron la dotación de personal, disminuyeron drásticamente las sesiones de atención externa para los reclusos, con lo que aumentó el número de quejas presentadas por los reclusos sobre la mala calidad del servicio de atención médica.

Corizon rescindió su contrato con el estado en el 2016 y, en el 2017, cuando las inspecciones mostraron “serios problemas de rendimiento en el Centro de Recepción del Sur de Florida”, el estado rescindió el contrato de Wexford.

Volver a proveedor estadal

De acuerdo a los auditores para el 2016, el estado tuvo que luchar para encontrar nuevos contratistas de atención médica, y presentó solicitudes de ofertas varias veces, tratando de atraer a posibles proveedores. Encontró un solo postor, Centurion. “Básicamente no hubo competencia” y eso es “lo peor de ambos mundos”, dijo Becker. “No tienes competencia. Los costos aumentan, y también pagas administrativos y ganancias a un vendedor “.

Centurion fue el único postor que respondió, y ahora tiene un contrato de tres años hasta el 2022 para proporcionar todos los servicios de atención médica a los reclusos en todo el estado. Pero es costoso.

El contrato cuesta $421 millones anuales y permite a la compañía transferir todos los costos de atención médica al estado y cobrar una tarifa del 11.5 por ciento por administración y ganancias, dijeron los auditores.

Para Becker “Existe un consenso general en que Centurion está haciendo un buen trabajo en comparación con los dos últimos contratos”. Pero debido a la ausencia de opciones competitivas de mercado en Florida, los auditores recomendaron que el estado considere la transición a tener una escuela de medicina universitaria que administre la atención de los reclusos o que la devuelva a un modelo de proveedor administrado por el estado.

Un modelo de proveedor estatal podría ahorrar $46 millones al “eliminar la administración y las ganancias pagadas al vendedor”, dijo. Un modelo universitario podría ahorrar alrededor de $40 millones al año.

Pero también hay inconvenientes, como atraer suficiente talento y personal para reanudar un programa de salud estatal.