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Se estrecha el cerco contra Daniel Ortega

  Dos hijos de la familia presidencial nicaragüense están en la lista de quienes serán sancionados por el gobierno norteamericano La enorme crisis que vive Nicaragua desde el 18 de abril, con miles de personas manifestando por la salida de Daniel Ortega del poder, y que ha dejado un saldo de 480 personas asesinadas por […]

Por Allan Brito
Se estrecha el cerco contra Daniel Ortega
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Dos hijos de la familia presidencial nicaragüense están en la lista de quienes serán sancionados por el gobierno norteamericano

La enorme crisis que vive Nicaragua desde el 18 de abril, con miles de personas manifestando por la salida de Daniel Ortega del poder, y que ha dejado un saldo de 480 personas asesinadas por los cuerpos de represión del estado (según cifras suministradas por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos), está tomando proporciones insostenibles, tanto para la población nicaragüense,í como para el p régimen cuyo aislamiento crece minuto a minuto

La brutal represión contra las protestas generó la condena de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos  y organismos de derecho humanos. Estados Unidos se plantea aplicar a Nicaragua  la “Ley Global Magnisky  sobre Responsabilidad de Derechos Humanos,” norma que permite al Gobiernonorteamericano imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen, y cuya iniciativa, tomada por un grupo de parlamentarios norteamericanos para presentarla al presidente Trump. Se tiene conocimiento que señala directamente a cuatro funcionarios del régimen sandinista, y particularmente a dos de los hijos de la familia presidencial de Managua: Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo

En el caso de Laureano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones del Gobierno de sus padres, es señalado de mal uso de los fondos públicos, ataques a los medios independientes y por sus relaciones con China y Rusia, mientras que Juan Carlos Ortega Murillo es señalado por administrar medios de comunicación que la familia presidencial adquirió a través de la ayuda petrolera de Venezuela y por uso de fondos públicos.

Igual que en la familia presidencial venezolana , cuyos sobrinos Efraín Campos Flores y  Franqui Flores de Freitas, fueron condenados por un tribunal de Florida, en el caso de los hijos presidenciales nicaragüenses ello conduciría  a la “muerte financiera de los condenados” y de sus familiares.

Para analistas de la situación de Nicaragua el anuncio de las sanciones de los hijos del Presidente, pueden tener dos salidas: Que Daniel Ortega rompa definitivamente sus relaciones con Estados Unidos o que se vea obligado a negociar, con su renuncia en el tapete, para evitar el desprestigio de sus hijos. Estados Unidos ha sancionado a cuatro funcionarios de Ortega, incluido a su consuegro y comisionado general de la Policía, Francisco Díaz, señalado de ejecutar las órdenes de reprimir las protestas.

Una de las firmantes de la carta y promotora de la propuesta a Donald Trump es la congresista Ileana Ros-Lehtinen, quien señaló: “Estamos pidiendo a la administración que sancione a más abusadores de derechos humanos y corruptos que se han llenado los bolsillos del dinero y la sangre del pueblo nicaragüense”.

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