La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía “plenamente” en su inocencia.
Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona (noreste) para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público, reportó ElPais.
En un comunicado, Shakira asegura que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”.
Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.
Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.
Para la cantante, este caso “constituye un total atropello” a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre “una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal”.
”Aún discrepando” del criterio de su equipo jurídico sobre el supuesto fraude fiscal, la artista devolvió 17,4 millones de dólares a la Hacienda española, la suma presuntamente defraudada más los intereses, y “desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente”, recuerda.
Shakira lamenta que “jamás” en ningún otro país se ha topado con una “persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada”, “ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.
La Hacienda española reclamó unos 14,7 millones de dólares al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
La artista ya pagó esos 14,7 millones de dólares y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.
El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
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