South Miami se planta ante DeSantis: No colaborará con ICE en deportaciones

Una ciudad del condado de Miami-Dade se convirtió en la primera en rechazar un programa impulsado por el gobernador de Florida Ron DeSantis y el fiscal general del estado, James Uthmeier para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados. 

South Miami interpuso una acción legal ante un tribunal estatal que busca impugnar el programa 287(g), que obliga a los gobiernos locales a capacitar a sus agentes de policía para actuar como agentes federales de inmigración. 

La demanda se centra en resolver si las ciudades deben cumplir con esta iniciativa impulsada por el estado de forma obligatoria. El programa 287(g) establece acuerdos de cooperación entre Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

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Este plan permite que los oficiales locales interroguen, arresten y trasladen a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin la documentación adecuada. Además, les otorga la autoridad para emitir órdenes de detención migratoria. Sin embargo, South Miami se opone firmemente a adherirse al programa.

Presión de DeSantis para apegarse al programa

La administración de DeSantis promueve activamente la implementación del programa 287(g). De hecho, el gobernador firmó acuerdos con diversas agencias estatales para fortalecer la colaboración entre las fuerzas del orden locales y el ICE. 

A pesar de esto, South Miami argumenta que esta medida excede las competencias estatales y representa una carga adicional para sus cuerpos policiales. En su demanda, la ciudad sostiene que los departamentos de policía enfrentan presión política del gobernador y sus representantes para unirse al programa. 

La ciudad considera que el requisito legal de adhesión al programa se limita a las agencias del condado que supervisan las cárceles. Esto debido a que la ciudad ya coopera con las agencias federales de inmigración, pero teme que unirse al programa 287(g) afecte negativamente otras responsabilidades policiales.

Además, South Miami expresa su preocupación por las posibles consecuencias legales y operativas derivadas de esta adhesión. La ciudad señala que la ley federal establece que los acuerdos 287(g) son voluntarios y no esenciales para cooperar con el ICE. 

Según su interpretación, aunque la legislatura de Florida pudo haber exigido a los municipios firmar estos acuerdos, decidió no hacerlo.

El fiscal general Uthmeier advirtió a las ciudades sobre las sanciones si no se inscriben en el programa. Estas sanciones podrían incluir la suspensión de cargos de funcionarios electos por violar la prohibición estatal contra las llamadas “ciudades santuario”. 

La ciudad argumenta que adherirse al programa afectará el rendimiento policial. Foto: USCIS

La normativa estatal estipula que los jefes de policía y directores de prisiones debían integrarse al programa antes del 1 de abril. Sin embargo, la ley no menciona explícitamente la obligatoriedad para los municipios de adoptar el programa. 

La decisión del tribunal será crucial para determinar si los gobiernos locales están obligados a adherirse a los acuerdos 287(g) o si pueden rechazar la presión estatal sin enfrentar sanciones. A medida que avanza este proceso legal, South Miami espera establecer un marco claro sobre las responsabilidades y derechos de los gobiernos locales frente a las iniciativas estatales relacionadas con la inmigración.