Tormenta Elsa: Activan línea directa para denunciar precios especulativos de productos básicos

La procuradora general Ashley Moody informó este sábado que se activó una línea directa para denunciar el aumento de precios de los productos básicos necesarios para prepararse para la tormenta tropical Elsa, que podría llegar a Florida la próxima semana.

La activación sigue a la declaración del estado de emergencia del gobernador Ron DeSantis que cubre los condados de Charlotte, Citrus, Collier, DeSoto, Hardee, Hernando, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pasco, Pinellas y Sarasota.

La ley de aumento de precios de Florida solo se aplica a los productos y servicios esenciales para prepararse o recuperarse de una tormenta dentro de las áreas de un estado de emergencia declarado.

Moody dijo: “Es importante que los floridanos estén atentos a la tormenta tropical Elsa y hagan preparativos en caso de que impacte a nuestro estado. He activado la línea para ayudar a los floridanos a comprar productos básicos esenciales y les pido que cualquier persona que vea incrementos escandalosos en los precios de los artículos esenciales lo informe a nuestra oficina de inmediato”.

Durante un estado de emergencia declarado relacionado con una tormenta, la ley estatal prohíbe los aumentos excesivos en el precio de los productos básicos, como alimentos, agua, habitaciones de hotel, hielo, gasolina, madera y equipos necesarios como resultado directo del evento.

Cualquiera que sospeche de un aumento excesivo de precios puede informarlo a la Oficina del Fiscal General de la Florida utilizando la aplicación NO SCAM, visitando MyFloridaLegal.com o llamando al 1 (866) 9NO-SCAM. La aplicación NO SCAM del Procurador General se puede descargar de forma gratuita a través de las tiendas de Apple y Android al buscar NO SCAM.

Los infractores del estatuto de aumento de precios están sujetos a sanciones civiles de $ 1,000 por violación y hasta un total de $ 25,000 por múltiples violaciones cometidas en un solo período de 24 horas. Además de las sanciones civiles por aumento de precios, la ley estatal penaliza la venta de bienes y servicios al público sin la posesión de un recibo de impuestos comerciales.