Transparencia Venezuela, "Oro Mortal: Crimen organizado, ecocidio y corrupción"

En medio de la peor contracción económica que ha sufrido Venezuela, con una caída estrepitosa en la producción de petróleo, principal fuente de divisas, una hiperinflación que lleva dos años azotando a los venezolanos y altos niveles de corrupción, el mandatario Nicolás Maduro subsiste refugiándose en la venta de oro, un metal precioso que es extraído de las profundidades del suelo venezolano y que esconde tras su brillo baños de sangre, deforestación y corrupción.

Por Redacción Miami Diario

Nicolás Maduro firmó las hojas que reposaban sobre la mesa y confirmó lo que desde hace mucho se decía. El 15 de octubre de 2019, durante una reunión en el Palacio de Miraflores, el mandatario anunció que entregaría una mina de oro a cada gobernación bolivariana para financiar el presupuesto y corroboró que el negocio del oro en Venezuela se convirtió en uno de los últimos bastiones que sostienen a su gobierno, cuestionado por organismos internacionales y desconocido por más de 55 países.

El reciente anuncio fue enmarcado en el Plan Minero Tricolor con el que se prevé “potenciar” no solo la producción de oro, sino de coltán y diamantes en el denominado Arco Minero del Orinoco, un proyecto anunciado por el presidente Hugo Chávez en 2011 y retomado por su sucesor en 2016, que arbitrariamente avaló la minería en 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, en una superficie que representa 12% del territorio nacional, de una zona ecológica protegida, con presencia de más de 190 comunidades indígenas.

El secretismo gubernamental que se ha consolidado durante años ha impedido precisar cómo se pretende hacer la distribución de minas entre los gobernadores, o conocer con exactitud cuántas de las áreas contempladas en el Arco Minero del Orinoco están operativas y cuántos kilos de oro han reportado a las arcas del Banco Central de Venezuela, único responsable de transar con el metal.

Sin embargo, en esta investigación de Transparencia Venezuela, lo que sí se pudo constatar es que el negocio aurífero al sur del país está manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando del mineral aurífero y del combustible, la trata de personas y el tráfico de drogas, armas, entre otros.

Durante esta investigación se evidenció que la continua paralización de la empresa estatal extractora y procesadora de oro, Minerven, la ha puesto en un rol de recolectora del oro producido principalmente en zonas mineras ilegales en las que opera una estructura delincuencial dedicada a ejercer control en las minas sin que el gobierno oponga mucha resistencia. Por el contrario, ex funcionarios de inteligencia e investigadores independientes han confirmado que las autoridades conviven con las bandas criminales porque les reportan ganancias mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín.

Diversas fuentes consultadas estiman que entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial. El contrabando de oro ocurre tanto por tierra como por aire y llega a países cercanos como Colombia y lejanos como los Emiratos Árabes Unidos. Solo en 2018 este contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Ecoanalítica.

Entre los grupos delincuenciales que luchan por conseguir el dominio de las minas se encuentran los denominados sindicatos mineros, liderados por pranes, un término que se creó en las cárceles venezolanas para referirse a los líderes criminales que las gobiernan. También hay integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), provenientes de Colombia, país fronterizo con Venezuela. El grupo guerrillero apareció brevemente en la zona en 2016 y reapareció en 2018 cuando asesinó a 20 personas al tomar seis minas del municipio Guasipati.

La investigación, complementada con reportajes de medios nacionales e internacionales, también corroboró que cada día aumenta más el número de mujeres que se dedican a la minería ilegal, enfrentándose con altos niveles de violencia y muerte. Su vida está expuesta no solo porque trabajan con elevadas dosis de mercurio –pese a estar prohibido-, sino también por vivir en las zonas consideradas como el foco más importante de la epidemia de malaria (o paludismo) en América Latina.

Los mineros, así como el resto de las personas que hacen vida dentro de las minas, también deben someterse a las reglas del pranato que ha logrado copiar estructuras como las de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y controlan con mano dura cada paso que se da dentro de una mina. Instauraron un semáforo de la violencia para castigar a quienes no “obedecen”. Ante la primera infracción, la sanción es una paliza, si se incurre en un delito por segunda vez, se mutila alguna extremidad y a la tercera falta el castigo es la muerte por descuartizamiento.

Pese a los altos riesgos que implica, la desesperación por obtener dinero en medio de la crisis económica ha impulsado a miles venezolanos a migrar al sur de Bolívar para practicar la minería ilegal, también ha atraído a ex trabajadores de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Tras el apagón silencioso y progresivo de estatales como Sidor y Venalum, hombres y mujeres optaron por tomar picos, palas y bateas y adentrarse en las minas, en lo que ha sido catalogado como una vuelta al extractivismo del siglo XIX que arrasa con los avances del trabajo decente en el mundo laboral.

La minería ilegal ha arrasado con ecosistemas de interés mundial, pues las áreas que se explota forman parte de la Amazonía, y ha incidido en el desarrollo de los pueblos indígenas y a la biodiversidad única de la zona. Incluso el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco se ha visto afectado por la minería.

Pese a las múltiples denuncias alrededor del negocio, ningún vocero del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, la Corporación Venezolana de Minería, o el Banco Central de Venezuela atendió las solicitudes de información que se presentaron con antelación para este proyecto.

La fiebre del oro seguirá cobrando vidas y causando estragos ambientales en las tierras del sur de Venezuela hasta que el Estado no depure sus estructuras corruptas y diseñe políticas mineras adecuadas. Mientras tanto, el mapa de bandas seguirá creciendo vertiginosamente en la violenta lucha por el control, amparados por funcionarios y militares inescrupulosos que continuarán beneficiándose de un oro manchado de sangre.

El agua turbia contaminada con mercurio le llegaba por encima de los talones y le impedía ver bien sobre qué estaba caminando, pero no había tiempo para detenerse, Erika debía atravesar rápido la laguna que la separaba de su sitio de trabajo, la mina conocida como Cuatro muertos, ubicada en Las Claritas, una de las zonas con los mayores reservorios de oro de Venezuela y también de las más peligrosas del país.

Una franela, un pantalón recogido hasta las rodillas y unas sandalias rotas era lo único que llevaba puesto cuando se metió en uno de los miles de hoyos que han abierto en el suelo de Bolívar para sacar material aurífero. No tenía nada que le protegiera los ojos, la nariz o las manos, pero martillaba con fuerza las piedras y recogía lo que se iba desprendiendo para guardarlo en un saco raído que traía consigo.

Erika es solo una entre miles de personas que a diario se meten a hoyos superficiales o se hunden 50, 70 y hasta 120 metros bajo tierra, en las denominadas galerías horizontales, para sacar las piedras que luego son llevadas a molinos en los que se extrae el oro que posteriormente pasa de mano en mano hasta ser contrabandeado fuera de Venezuela o hasta llegar al Banco Central de Venezuela (BCV).

Los mineros representan el primer eslabón del oscuro negocio de la explotación y comercialización del oro que fue exacerbado por el gobierno nacional con la publicación, en febrero de 2016, del decreto No. 2.248, que comprende la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

El proyecto que asomó el presidente Hugo Chávez en 2011 y que terminó aprobando su sucesor, Nicolás Maduro, avaló arbitrariamente la minería de 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar con presencia de minerales como oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito.

Lo que se vendió como una gran oportunidad para reordenar la pequeña minería del sur del país, atraer millonarias inversiones de empresas nacionales y extranjeras e incrementar los aportes a los programas sociales, terminó siendo una sentencia de muerte para las selvas venezolanas y su gran biodiversidad, para las 198 comunidades indígenas que allí habitan y para quienes, como Erika, se pierden en el deseo de alcanzar El Dorado.

Muchos interesados, pocos comprometidos

La tarde del 24 de febrero de 2016, durante una reunión celebrada en la sede principal del BCV, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que más de 150 empresas de 35 países estaban interesadas en invertir en la minería a gran escala del Arco Minero del Orinoco. Para desarrollar los proyectos estaba prevista la conformación de empresas mixtas en las que la República tuviera una participación igual o superior a 55%, mientras que compañías privadas que podían ser venezolanas o extranjeras poseerían el resto de las acciones.

Ese mismo día se anunció la firma de cuatro acuerdos de entendimiento relacionados con el mega proyecto de minería, dos de ellos asociados a la explotación de oro, uno con la empresa Afridiam de la República del Congo y otro con la empresa canadiense Gold Reserve, la cual en 2014 había ganado una demanda el Estado venezolano por su expulsión del proyecto aurífero Las Brisas, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Pese a que Maduro aseguró que eran cientos de empresas las interesadas en el Arco Minero del Orinoco, las que se han asociado con el Estado son pocas. En relación a la explotación del oro, hasta noviembre de 2019, se constituyeron cuatro empresas mixtas y sobre ellas ha reinado la misma opacidad que impera dentro del Ejecutivo nacional. No hay información pública oficial sobre los criterios de selección de los socios, el avance de los trabajos, ni el rendimiento de las operaciones.

El 29 de septiembre de 2016 se creó la primera empresa mixta que participaría en el proyecto y la que se quedó con la explotación del yacimiento de oro más grande de Venezuela, las minas Las Brisas – Las Cristinas. En el decreto No. 2.465 de la Gaceta Oficial No. 41.000 se publicó el nacimiento de Siembra Minera, S.A conformada por la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en representación del Estado venezolano y GR Mining Inc., en representación de la canadiense Gold Reserve.

De acuerdo con las revelaciones de los Paradise Papers, una serie de filtraciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la empresa GR Mining Inc. fue creada en el paraíso fiscal de Barbados el 15 de abril de 2016, apenas cinco meses antes de asociarse con el Estado venezolano, y sus directores son Alexander D. Belanger y a Robert A. Mcguinness, directivos también de Gold Reserve.

Según publicó la compañía canadiense en su página web, Siembra Minera tiene derechos sobre 18.950 hectáreas en las que se encuentran más de 10 millones de onzas de oro, además de yacimientos de plata y coltán, entre otros.

El anuncio de la creación de la empresa mixta hizo que se duplicara el valor de las acciones de Gold Reserve en la Bolsa de Toronto, pero al cierre de 2019 la empresa aún no extraía oro del suelo venezolano. Las minas en las que debería estar trabajando están enquistadas por bandas criminales, autodenominadas sindicatos mineros, que se imponen de la forma más sangrienta y cruel con el amparo de ciertas autoridades regionales.

Fuente: transparencia.org.ve