Conoce cómo afectará los trámites migratorios la nueva regla de carga pública

Este lunes 24 de febrero entra en vigor la nueva regla de carga pública que vincula el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.

Por redacción MiamiDiario

La regla final, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y prescribe la manera en cómo esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”, reportó Univision.

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas “U” y “T”, asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.

La nueva norma entrará en vigor a nivel nacional, excepto en el estado de Illinois.

“No todos serán afectados”

“Nuestra mayor preocupación es que no todos serán afectados”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “No todo el mundo ha entendido bien la nueva regla”, agrega.

Salas dice además que “personas que a lo mejor son elegibles para usar beneficios púbicos o para utilizar cuidado médico, no están eligiendo estas opciones por miedo que impacte su estatus migratorio”.

“Para eso estamos haciendo educación comunitaria. Nosotros estamos opuestos a que entre en vigor, pero hemos minimizado los daños en los últimos meses entregando información a la comunidad”, precisó.

La activista dijo además que “le pedimos al publico que se informe, que no tome decisiones sobre su cuidado médico sin antes estudiar la regla y ver si les afectará o no. Y si son residentes permanentes, que tengan claro que para ellos no aplica. Los que tienen la ‘green card’ no deben dejar de lado el cuidado médico porque para eso pagan sus impuestos”, indicó.

Qué dice el Ombudsman

El defensor del pueblo de la USCIS señala que la regla final incluye un requisito de que las personas que buscan una extensión permanezcan o soliciten un cambio de estado, deben demostrar que no han recibido beneficios públicos sobre la cantidad permitida desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que buscan extender o cambiar.

La norma indica que no deben haber recibido beneficios públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses. Pero durante el proceso de solicitar el cambio el agente federal que maneja el caso podrá determinar, sobre la base de la evidencia de la prueba, si el extranjero puede convertirse en una amenaza de carga pública.

La regla final iba a entrar en vigor el 16 de octubre del 2019, pero horas antes un tribunal federal detuvo su implementación. Sin embargo, el 27 de enero la Corte Suprema emitió una decisión que tuvo el efecto de levantar todos los requerimientos de la Regla Final, con excepción de Illinois.

El Ombudsman recomienda que las partes interesadas deben revisar cuidadosamente la guía que la USCIS publicó en su sitio web para los residentes de Illinois, que incluye tanto a personas que viven en ese estado como empleadores patrocinando individuos que viven en Illinois, “antes de presentar una solicitud”.

El DHS ha advertido que no procesará ninguna solicitud de beneficio o ajuste de estado cuya dirección física se encuentra en Illinois, “siempre y cuando la USCIS sea notificada de un cambio de buena fe en la dirección física del solicitante, beneficiario o solicitante antes de que concluya la adjudicación del caso”.