Agentes de ICE deberán presentar orden de un juez para ingresar a hogares

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha instruido a sus agentes a cesar los ingresos a viviendas sin una orden judicial firmada por un juez. 

La medida, confirmada por altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena NBC, representa un desmantelamiento de las tácticas de “mano dura” que caracterizaron el inicio del año.

Tras la salida de la secretaria del DHS, Kristi Noem, la Casa Blanca parece haberse replanteado la ejecución de su campaña de deportaciones.

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El sucesor en el cargo, Markwayne Mullin, ya había adelantado este compromiso durante su audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado. Aseguró que ICE debe respetar la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos y residentes contra registros y confiscaciones injustificadas.

El cambio forma parte de la política migratoria de la administración Trump. Foto: Ice.gov

Claves del nuevo protocolo operativo del ICE

Según las fuentes oficiales, las nuevas directrices se han transmitido mediante instrucciones verbales y establecen tres pilares fundamentales:

Órdenes judiciales obligatorias: los agentes ya no podrán utilizar órdenes administrativas (I-205) para justificar la entrada a domicilios. A partir de ahora, se requerirá un mandato judicial emitido por un magistrado neutral.

Restricciones en tribunales: las detenciones en cortes de migración se limitarán estrictamente a extranjeros que posean órdenes de deportación vigentes, abandonando la práctica de arrestar a cualquier indocumentado que se presente a una audiencia.

Las restricciones ya comenzaron a aplicarse. Foto. Ice.gov

Foco en centros penitenciarios. Se priorizará la colaboración con policías locales para detener a indocumentados con antecedentes. Alejándose así de las redadas comunitarias a gran escala que generan pánico y resistencia social.

Reacciones y contexto legal

La noticia ha sido recibida con cautela por organizaciones de derechos civiles. Defensores legales argumentan que, aunque el cambio es positivo, la falta de una directriz escrita formal deja margen a la discrecionalidad de los agentes en el terreno.

Por otro lado, sectores del Congreso, incluyendo algunos legisladores republicanos, han respaldado la medida. Lo ven como una forma de profesionalizar la agencia y evitar errores tácticos que terminen en tragedias.

Con la nueva política, el gobierno parece apostar por un enfoque más focalizado en la “criminalidad”. Y menos en la presencia pública agresiva en vecindarios residenciales.