La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a proseguir con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparan a 350.000 inmigrantes de Venezuela.
Esta decisión del máximo órgano judicial responde a una petición de urgencia presentada por la administración Trump para dejar sin efecto una decisión de un juez federal previa.
Esto significa que las autoridades pueden proceder a revertir la decisión tomada al final del gobierno de Joe Biden de extender las protecciones a este grupo de venezolanos.
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La breve resolución emitida por el tribunal indicó la oposición de la jueza de tendencia liberal Ketanji Brown Jackson, quien habría votado en contra de la solicitud gubernamental. El litigio sobre este asunto continuará su curso en tribunales de menor instancia.
La Corte Suprema acaba de fallar a favor de la Casa Blanca y le permite eliminar el TPS para los venezolanos. pic.twitter.com/ogtHowubI7
— John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) May 19, 2025
Protección para venezolanos
El punto central de la controversia ante la Corte Suprema era una designación posterior, efectuada en octubre de 2023 y renovada en enero, justo antes de la conclusión del mandato de la administración previa. Estaba previsto que esta designación expirara en octubre de 2026.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem intentó anular estas determinaciones, lo que implicaría la expiración de las protecciones durante el presente año. Un juez del Distrito Norte de California emitió un bloqueo a esta acción, argumentando preocupaciones de que la decisión se basaba, en parte, en prejuicios raciales.
¿Qué significa esta decisión para los venezolanos con TPS?
Aunque la Corte Suprema permitió que la administración Trump avance con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350 mil venezolanos, esto no significa que el caso esté cerrado. La decisión no es definitiva sobre la legalidad de la medida, sino una autorización para que se aplique mientras se resuelve el proceso en instancias inferiores.

Este grupo de venezolanos tienen plazo hasta octubre de 2026. Foto: Creada con IA por Miami Diario
Todavía quedan caminos legales abiertos. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito debe revisar el caso completo. Podría considerar que la cancelación fue ilegal o discriminatoria, lo que volvería a bloquear la medida. Además, la propia Corte Suprema podría decidir en los próximos meses si acepta estudiar el caso a fondo. En caso de hacerlo, tiene la potestad de declarar inconstitucional la forma en que se eliminó el TPS y restablecer las protecciones.
Aunque no hay garantías, sí existe una posibilidad real de que la medida sea revertida, ya que un juez federal (Edward Chen) había bloqueado previamente la revocación. Consideró que podía estar motivada por prejuicios. El litigio sigue en curso, y los abogados de los beneficiarios mantienen activa la batalla legal.
Mientras tanto, los venezolanos amparados por el TPS quedan en una situación incierta. Legalmente, ya no cuentan con la protección automática que ofrecía el programa. Además, podrían perder sus permisos de trabajo o enfrentar procesos de deportación. Especialmente quienes no tengan otra vía migratoria activa, como asilo pendiente, residencia o visa.
La administración puede iniciar procedimientos de remoción, suspender documentos emitidos bajo el TPS y exigir comparecencias ante tribunales migratorios. No obstante, aquellos que tengan otras opciones legales pueden y deben seguir peleando sus casos de forma individual.
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