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Departamento de Justicia pide revocar el bloqueo a la investigación de los documentos hallados en Mar-a-lago

Este viernes, el Departamento de Justicia de EE.UU pidió a una corte federal de apelaciones que revoque la orden de una jueza que prohibió temporalmente revisar los documentos secretos incautados durante el allanamiento del FBI a la mansión Mar-a-lago del expresidente Donald Trump. El Departamento pidió a la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito en […]

Por Daniel Brito
Departamento de Justicia pide revocar el bloqueo a la investigación de los documentos hallados en Mar-a-lago
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Este viernes, el Departamento de Justicia de EE.UU pidió a una corte federal de apelaciones que revoque la orden de una jueza que prohibió temporalmente revisar los documentos secretos incautados durante el allanamiento del FBI a la mansión Mar-a-lago del expresidente Donald Trump.

El Departamento pidió a la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito en Atlanta que la prohibición de la jueza, impuesta la semana pasada, había impedido los “intentos del gobierno de proteger la seguridad de la nación” , lo que interfiere con la investigación sobre la presencia de documentos ultrasecretos en la mansión Mar-a-Lago.

Asimismo, piden a la corte la cancelación de esa orden para poder continuar con las investigaciones y que suspenda la orden de un juez que obliga al Departamento a entregar los documentos clasificados incautados a un árbitro independiente para que los revise.

En un texto entregado por parte del Departamento de Justicia a la corte resaltan que “el gobierno y la ciudadanía sufrirían un daño irreparable si no se suspende”.

Aileen Canon: Jueza federal de distrito

La decisión de crear un perito especial que revise los documentos retrasará la investigación del Departamento sobre la retención de documentos secretos en la propiedad de Florida.

El Departamento de Justicia y la Ley de Espionaje

Recordemos que el Departamento de Justicia ha estado investigando posibles infracciones a diversas normas, como la Ley de Espionaje, dOnde se desconoce si estas investigaciones son contra Trump, quien además se encuentra preparando el terreno para postularse nuevamente a la presidencia.

Allanamiento a Mar-a-lago

El pasado 8 de agosto, el FBI allanó la mansión de Trump, en Florida, donde se incautaron más de 11.000 documentos, entre ellos unos 100 con advertencias de ser ultrasecretos.

Luego de esto, los abogados de Trump le pidieron a la jueza que nombrara un perito especial para que efectué una revisión independiente de los documentos.

Por su parte, Cannon concedió la solicitud la semana pasada asignando un perito especial para que revise los archivos y descarte cualquiera que pudiera estar cubierto por el privilegio ejecutivo o por el privilegio abogado-cliente.

Por ello, le ordenó al Departamento que suspendiera el uso de los documentos secretos hasta que se produzca una nueva orden judicial, o hasta que el perito especial concluya sus labores.

Es por esto que el jueves por la noche, la jueza nombró a Raymond Dearie, ex juez principal de la corte federal con sede en Brooklyn, para que sea el perito. También se negó a anular su orden anterior, citando disputas en curso sobre la naturaleza de los documentos que, según dijo, merecían una revisión neutral por parte de un árbitro externo.

“La Corte no considera apropiado aceptar las conclusiones del Gobierno sobre estos temas importantes y en disputa sin una revisión adicional por parte de un tercero que sea neutral y trabaje de manera expedita y ordenada”, escribió.

El Departamento también solicitó a la corte de apelaciones que revoque la orden de Cannon de proporcionar los documentos clasificados al perito especial recién designado, alegando que no había razón para que el árbitro revisara registros altamente confidenciales que no involucran cuestiones de privilegio legal, reseñó El Nuevo Herald.

“El demandante no tiene derecho a reclamar la devolución de esos documentos que pertenecen al Gobierno y fueron incautados en una búsqueda autorizada por un tribunal”, escribieron los abogados del Departamento.

“Los documentos no están sujetos a ningún reclamo de privilegio personal entre abogado y cliente. Y ni el demandante ni el tribunal han citado ninguna autoridad que sugiera que un expresidente podría invocar exitosamente el privilegio ejecutivo para evitar que el Poder Ejecutivo revise sus propios archivos”.

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