Desde hace años en Estados Unidos ganó terreno una peligrosa práctica: el swatting. Consiste en realizar llamadas falsas al 911 con el objetivo de provocar una respuesta armada en la dirección de otra persona. Generalmente, los autores buscan intimidar, acosar o causar pánico y en Florida han ocurrido varios casos, especialmente en escuelas.
Las consecuencias pueden ir desde daños físicos y psicológicos hasta la movilización de recursos de emergencia que podrían estar salvando vidas en otro lugar. Aunque muchas de estas llamadas terminan sin heridos, los riesgos son altos, pues las fuerzas del orden actúan con rapidez y sin saber que todo se trata de un engaño.
En el último año, varios condados de Florida reportaron incidentes vinculados al swatting. Esto generó la preocupación de autoridades y de la comunidad en general. El problema ya no se limita al entorno de figuras públicas o creadores de contenido, sino a estudiantes, trabajadores o familias enteras.
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En ese sentido, el gobernador Ron DeSantis decidió actuar. Durante una visita a Winter Haven este miércoles, firmó la nueva legislación HB 279, conocida como ley anti-swatting.
La medida se presentó como una respuesta directa a quienes han utilizado el sistema de emergencias para sembrar caos. En palabras del propio gobernador: “Si atacas con SWAT, te enfrentarás a delitos graves”.
Governor Ron DeSantis Signs Legislation to Crack Down on Swatting https://t.co/v1gjZlbHqX
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 21, 2025
En qué consiste la nueva ley contra el swatting
La HB 279 entrará en vigor el 1 de julio en todo el estado de Florida. Su objetivo es claro: frenar el uso malicioso del sistema 911. Además, busca proteger tanto a las víctimas como a las fuerzas del orden.
A partir de esa fecha, cualquier persona que realice una llamada falsa que provoque daños físicos, desfiguración permanente, discapacidad o incluso la muerte enfrentará cargos por delitos graves. La ley no se detiene en la primera infracción y por eso para los reincidentes, las penas serán aún más severas.
Uno de los aspectos clave de la nueva ley es la obligación de pagar restitución. Esto significa que las personas condenadas por swatting deberán cubrir los costos generados por la intervención de las agencias de seguridad pública. Esto incluye horas de trabajo del personal, uso de vehículos y cualquier otro recurso movilizado.
Además, deberán compensar a las víctimas afectadas, ya sea por daños materiales o emocionales.

Ley contra el Swatting | Foto vía X @GovRonDeSantis
Declaraciones del gobernador
DeSantis destacó que esta práctica no es una broma y la calificó como una “táctica de cobardes”. Dijo que el swatting además de desperdiciar recursos, pone vidas en peligro.
“Hay gente inocente. Las fuerzas del orden no lo saben. Creen que es una llamada seria, así que actúan con eso en mente. Te despiertas o reaccionas, y alguien entra a tu casa sin motivo. No sabes que es la policía. Puedes cometer un error y alguien puede salir herido”, afirmó el gobernador.
La legislación recibió apoyo bipartidista en la Legislatura de Florida y fue respaldada por múltiples agencias policiales.
Según un análisis de la Cámara de Representantes estatal, la ley también prohíbe provocar que otra persona haga una denuncia falsa por error. Esta es una maniobra utilizada por algunos delincuentes para evitar rastreo directo.

Operativo SWAT Miramar. Foto: Telemundo
Otras reformas
– Seguridad escolar
Además de la ley contra el swatting, el gobernador firmó otros dos proyectos que complementan su estrategia de seguridad y orden público. El primero, el Proyecto de Ley Senatorial 1470, modifica varios aspectos del sistema escolar.
Esta vez, se estableció que los edificios escolares públicos deben mantenerse cerrados durante las horas de supervisión, salvo por entradas vigiladas por personal autorizado.
La ley también amplía el Programa Guardian, que entrena a personal escolar para actuar ante emergencias. A partir de ahora, las guarderías podrán acceder a este programa, antes exclusivo de escuelas públicas y privadas. El proyecto exige recalificación continua, entrenamiento con armas y evaluaciones psicológicas.

Seguridad estudiantil y en las escuelas | Foto: Freepik
– Atención en salud mental
El tercer proyecto, la HB 1099, se enfoca en el apoyo a los agentes del orden frente a situaciones relacionadas con la salud mental. La ley otorga mayor discreción a los oficiales para manejar casos donde la intervención tradicional podría agravar el estado del individuo.
La medida busca mejorar las respuestas policiales y evitar que personas con afecciones mentales terminen encarceladas o en situaciones de riesgo innecesario.
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